Juzgar los delitos sexuales como de lesa humanidad
Estado en Argentina que estuvieron detenidas en centros clandestinos de detención son estremecedores.
Las mujeres eran sometidas a soportar comentarios sobre sus cuerpos, chistes e insultos con contenido sexual, manoseos, penetración con objetos, violaciones. Muchas de ellas relatan que los abusos sexuales se prolongaban por varias horas y eran sometidas por diferentes militares de forma continuada, incluso de manera conjunta. Eran objetos de desnudez forzada, debían bañarse y cambiarse frente a los represores, incluso existen relatos de mujeres que sufrieron abortos forzados y partos clandestinos.
Si había una mujer que tenía una relación de militancia, familiar y de pareja con un varón que también estaba ilegalmente detenido, se la sometía sexualmente ante ese varón como forma patriarcal -de varón a varón- de dar mensajes a otros a través del territorio corporal femenino. “Putas” era un insulto constante que recibían, por rebelarse al mandato de abocarse a las tareas del hogar y haberse volcado a la vida pública, a la política.
Una de las testigos en la causa en la que se juzgó por primera vez a los delitos sexuales como delitos de lesa humanidad testificó que “cuando ese hombre de uniforme me violaba, era la Patria la que me violaba”. Esta frase, lleva a recuperar a Rita Segato que, afirmó en una entrevista periodística, “(el violador) fue el protagonista de una acción que es de toda la sociedad, una acción moralizadora de la mujer”. La violencia sexual dentro de los centros clandestinos de detención. O, como afirma la periodista feminista Laura Salomé Canteros, “tuvo la finalidad de someter las individualidades y fue ejercida para dar el mensaje a la sociedad de que ser mujer y ser militante política iba a ser castigado con marcas en el cuerpo y la psiquis como método de dominación y destrucción masiva”.
Estos delitos quedaron invisibilizados bajo la figura de “tormentos” durante muchos años, comenzando a ser juzgados como delitos sexuales de lesa humanidad a partir de 2010 gracias a la incorporación de la perspectiva de género en los procesos judiciales. Así, cuenta hoy nuestro país con varios antecedentes jurisprudenciales en el mismo sentido.
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