Complicidades de la dictadura
descubre la colaboración de empresas en la represión, secuestro y desaparición forzada de trabajadores en distintos puntos del país. Lo cual fue acreditado, por ejemplo, en el fallo del Tribunal Oral Federal Nº 1 de San Martín que condenó a ex directivos de la empresa Ford por los delitos de privaciones ilegales de la libertad cometidos por abuso funcional agravado por el empleo de violencia y amenazas, en su planta de General Pacheco durante la dictadura.
Con relación al segundo abordaje, la mirada histórica debe posarse en un puñado de empresarios que en condiciones absolutamente ilegales, ilegítimas e inmorales multiplicaron sus empresas y su patrimonio a la sombra de turbios negocios con el Estado. Camarilla que se conoció como “la patria contratista”, y que forjó una cultura empresarial prebendaría, dadivosa y de rapiña, cuyos efectos se extienden hasta la actualidad. Esto se vio coronado en los estertores finales de la dictadura, cuando en 1982 el entonces presidente del Banco Central de la República Argentina, Domingo Felipe Cavallo, instrumentó la estatización de la deuda privada de grandes grupos empresarios mediante seguros de cambio. Una maniobra de criminalidad económica sin precedentes, que quedó desenmascarada en la denominada “causa Olmos” donde se acreditaron mecanismos de fraudes contables por parte de esas empresas en la toma de créditos, que posteriormente fueron absorbidos por el Estado nacional y pasaron a en- grosar la deuda externa de nuestro país. El peso de esa deuda, expandida durante la última dictadura militar, condicionó las posibilidades de desarrollo de la Argentina, aumentó la restricción externa, debilitó nuestra autonomía monetaria, y explica, en gran medida, los fracasos económicos de la transición democrática.
En esa causa caratulada “Olmos Alejandro s/ Denuncia”, el fallo dictado en 2000 por el Juez Federal Jorge Ballesteros, estableció que se encontraban acreditadas cientos de irregularidades y maniobras defraudatorias en la composición de la deuda externa contraída por nuestro país durante el gobierno militar. Este verdadero latrocinio organizado entre el gobierno de facto y los empresarios beneficiarios de esas medidas, acentuó la concertación de la riqueza en nuestro país, incrementó la pobreza estructural y funcionó como fondo de financiamiento de negocios privados.
Esto evidencia, que la dictadura militar no fue solo un golpe de Estado pergeñado y perpetrado por la cúpula de las Fuerzas Armadas, si no que detrás de ellos existieron sectores de la sociedad civil que promovieron y avalaron esa dictadura y la implantación del terrorismo de Estado en nuestro país, motivados por el favorecimiento de sus intereses sectoriales o particulares. Entre ellos, sin duda, se encontraban los empresarios de la dictadura.
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