Fuerte avance judicial contra desarrollistas
La trama de siete causas de gran impacto.
En los últimos cuatro años las fiscalías de Delitos Complejos han logrado desentrañar numerosas estafas a través de emprendimientos inmobiliarios. En el camino han sido detenidos encumbrados empresarios desarrollistas, profesionales de la construcción, abogados y corredores inmobiliarios.
Un recorrido por los casos más resonantes arroja siete investigaciones con numerosos imputados y detenidos. No son pesquisas fáciles. Se trata de obtener pruebas de las estructuras jurídicas que se arman para concretar las estafas. Son los famosos delitos de “guante blanco”.
Si bien se repiten las figuras delictivas que se achaca a los responsables: defraudaciones y asociaciones ilícitas, las modalidades usadas difieren según cada caso.
El denominador común es un sistemático incumplimiento de los acuerdos celebrados que adquieren carácengaños ter de delito por los ardides pergeñados desde el inicio de los supuestos proyectos de loteo o edificación de departamentos y casas, que nunca se completan.
El resultado son centenares de personas que, tras el sueño de la casa propia o la decisión de apostar a la inversión en tierras y ladrillos, quedan sin poder acceder a los bienes.
PERFIL CORDOBA elaboró un listado con los principales casos y sus características; y los ordenó en línea temporal desde que la Justicia comenzó a investigarlos.
2015
Esteban Gaspar Octavio Brouwer de Koning, Carolina Pastori y Marcos Ferreyra deben enfrentar el juicio por diferentes hechos de estafa y falsedad ideológica en un expediente que se tramita desde hace cuatro años.
Están acusados de defraudar clientes por medio de que habrían perpetrado a través de hipotecas falsas y ardides en la comercialización de inmuebles.
Tomás Germán Eduardo Brouwer de Koning y Constanza Verón también estuvieron imputados pero resultaron sobreseídos tras un acuerdo con una de las personas damnificadas.
2016
Fueron detenidos algunos integrantes de la empresa Derante SA Según la investigación, a partir del año 2006, el ingeniero civil Jorge Pablo Zalazar y su esposa, Gladys Marisa Cugnini, constituyeron la sociedad para obtener un rédito ilegítimo utilizando la figura del fideicomiso inmobiliario.
Según la elevación a juicio, vendían departamentos en ‘pozo’ que sabían que nunca los entregarían. Los edificios tenían el nombre de Toulouse I, II, III, IV, V y VI. Incluye también otros emprendimientos llamados Riveras del Suquía, Duarte Quirós y Pasaje Valtodano.
Además del matrimonio están acusados la hija, Delfina del Mar Zalazar y la madre de Cugnini, Gladys Josefa Olisesky; Carlos Andrés Campetella; Sebastián Fernández Reuter; Carlos Gabetta, Guillermo Daniel Stella y César Lucas Zablosky Bonvecchio. Gabetta es un arquitecto con numerosos contactos en el jet set de
Punta del Este.
2017
Una estafa que también se investiga, aunque de proporciones menores al resto, es el que señala a Marcelo Fleurquin como responsable de haber vendido lotes a unas 700 familias en el barrio Eco Tierra, en
el sur de la ciudad de Córdoba, que en realidad estaban hipotecados y que no los pagó. En eso consistió la acusación.
2018
En julio del año pasado, por orden del fiscal Enrique Gavier, fue detenido Jorge Ribeiro (foto), propietario de la firma Ribeiro Construcciones y también sus hijos Tomás y Georgina, el yerno, Carlos Hernán Castro y el contador Guillermo Adrián Taberna. En aquella ocasión también fue imputada (no detenida) la arquitecta Natalia Meossi, nuera de Jorge Ribeiro.
En diciembre último, el juez de Control, José Milton Peralta, confirmó la imputación por asociación ilícita del grupo de empresarios y profesionales. Este grupo habría utilizado la herramienta del fideicomiso para vender departamentos en los edificios RAE que se comercializaban a través de una inmobiliaria. Los inmuebles nunca se construyeron. Por orden de la fiscal Valeria Rissi permanece detenido Ricardo Nicolás Carranza, responsable de la urbanización Campo de Vuelo, en proximidades de barrio Chateau Carreras. Además de Carranza fueron imputados su esposa, Susana Prataviera, y su hijo Maximiliano Carranza.
Según las denuncias, ni siquiera llegaron a presentar los planos para obtener autorizaciones. Las tierras carecen de servicios, a pesar de lo cual se construyeron casas que tienen agua y luz por decisión excepcional de las prestatarias que resolvieron realizar las conexiones.