Fiscales jubilados.
El Procurador General interino, Eduardo Casal, lo designó en el mismo puesto que ocupaba. Fin a la polémica sobre si podía ser convocado luego de renunciar para jubilarse.
Tras el fallo de Casación, Alberto Lozada volvió a la Fiscalía General.
Hay un tono de victoria en la Resolución 2/21 del Procurador General de la Nación interino, Eduardo Ezequiel Casal. En 12 páginas analiza todos los capítulos que integran la fuerte discusión jurídica y política que tuvo lugar sobre la situación de los fiscales federales cordobeses, que renunciaron para jubilarse justo antes de que se aprobara el nuevo régimen previsional para el Poder Judicial de la Nación. La situación no es exclusiva de esta Provincia, sino compartida por otras jurisdicciones.
Casal decidió convocar nuevamente a Alberto Lozada a la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba.
El lunes pasado, en efecto, regresó a su despacho en los tribunales del Parque Sarmiento. Mientras no estuvo fue reemplazado por su colega, Carlos Casas Nóblega, quien sin embargo continuará coadyuvando en esa función.
Todo comenzó con una presentación que realizaron los defensores de Martín Azar y sus padres, en la causa de la financiera ilegal de Villa Belgrano. Cuestionaron decisiones del por entonces fiscal federal 2 Gustavo Vidal Lascano, quien había renunciado y fue luego convocado para seguir al frente del mismo despacho. La objeción tenía que ver con que, por la nueva ley jubilatoria para magistrados, perdían el estado judicial al jubilarse, entre otros argumentos.
En julio del año pasado, el juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja se expidió primero sobre la situación de la fiscal federal 3, Graciela López de Filoñuk, quien actuaba ante su juzgado y consideró que había cesado en sus funciones el día en que el presidente Alberto Fernández le aceptó la dimisión y no podía seguir ejerciendo el cargo. El mismo criterio adoptó sobre Vidal Lascano, días más tarde.
La decisión de Vaca Narvaja fue confirmada –por mayoría– por la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba.
Con esa decisión, el procurador Casal suspendió las convocatorias a los tres jubilados de Córdoba, Alberto Lo
Senestrari, también sumaron funciones en la nueva distribución de roles.
Mientras tanto, Casas Nóblega sostuvo el recurso de casación contra el fallo de la cámara cordobesa de segunda instancia.
En el tribunal de Casación nacional, la historia se dio vuelta.
Los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos analizaron la situación de otro modo y consideraron que las convocatorias realizadas oportunamente por Casal, fueron legales.
La defensa de la familia Azar presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El máximo tribunal no se abocó al tema.
Sin embargo, a fines del año pasado, Vidal Lascano pidió a la Procuración que hiciera cesar su convocatoria, habilitada legalmente por la resolución de la Cámara de Casación. Adujo razones de salud. López de Filoñuk también decidió no regresar y renunció a la convocatoria del Procurador. Por ese motivo, solo Lozada volvió a trabajar.
Por qué regresó. A la hora de justificar la convocatoria, Casal señaló que quedó firme el criterio de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal y por lo tanto las convocatorias a jubilados se ajustan a derecho. A las razones funcionales que oportunamente sostuvieron la efectuada en febrero del año pasado, Casal agregó la situación derivada de la pandemia por la cual no es posible convocar a concursos para cubrir las vacantes. Con ese argumento, sostuvo la necesidad de que Lozada vuelva al frente de la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Córdoba.
El hecho tiene carga simbólica, es una victoria para Casal, Lozada y Casas Nóblega. Y, aunque estén ausentes, también para los ya efectivamente jubilados y alejados de la función, Gustavo Vidal Lascano y Graciela López de Filoñuk.
En el fondo, se reproducen en Córdoba las disputas de poder características de Comodoro Py.
Después de seis años en que gran parte de las causas por delitos de lesa humanidad estuvieron paralizadas, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tomó intervención y resolvió un conflicto suscitado por la planta de personal que integra la Secretaría de Derechos Humanos. Se espera que la disponibilidad de una mayor dotación de personal reactive las instrucciones en los casos asignados al juez federal 1, Ricardo Bustos Fierro.
En 2014, el juez federal 3, Miguel Hugo Vaca Narvaja, fue recusado y apartado en causas por Derechos Humanos por haber sido él, su padre y su abuelo, víctimas durante la última dictadura cívico militar argentina.
Desde ese momento, el trámite de esas investigaciones quedó a cargo de Bustos Fierro. Con el tiempo, el magistrado reclamó por falta de personal para encarar la delicada tarea de investigar la represión en Córdoba.
En 2019, la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba rechazó la solicitud del traspaso de la Secretaría de Derechos Humanos que actúa en jurisdicción del Juzgado Federal 3 por considerar que excedía la potestad de superintendencia. Le recomendó al juez Bustos Fierro que, si consideraba que tenía escaso personal, debía gestionar el incremento de la planta de agentes de su tribunal.