La acusación
Si bien ya se realizó un juicio que terminó con condenas a los responsables directos de la voladura de la Fábrica Militar, queda pendiente el juicio a Carlos Menem como presunto instigador del atentado con el fin de disimular la venta ilegal de armamento a Ecuador y Croacia entre 1991 y 1995.
Es la única discusión por saldar en la Justicia sobre aquel trágico episodio, tras quedar confirmado que las explosiones no fueron accidentales. La instigación, según el requerimiento fiscal de elevación a juicio, estaría acreditada por los decretos que firmó Menem para autorizar la venta de pertrechos a Panamá y Venezuela.
Los decretos no pasaron por el gabinete de ministros y en realidad los envíos se hicieron, no a Venezuela y Panamá, sino a dos países con conflictos graves: Ecuador, que estaba en ese momento en guerra con Perú; y a Croacia, que vivía una guerra civil por la reorganización de las naciones que componían la ex Yugoslavia.
En el juicio del 2015, se llegó a la conclusión de que la voladura se produjo para disimular el faltante (por la venta ilegal) de armas, municiones y pólvora. El tribunal para juzgar a Menem está encabezado por Noel Costa e integrado por Carolina Prado y Jaime Díaz Gavier. Carlos Gonella es el fiscal que sostiene la acusación.
Entre los numerosos incidentes planteados por la defensa de Menem, solicitó realizar nuevamente una pericia para probar la mecánica de las explosiones; pero esa pretensión fue descartada porque en este proceso no se volverá a analizar lo ocurrido; sino solo la eventual responsabilidad penal de quien era la máxima autoridad del país. De todos modos, los planteos demoraron el juicio.
En el proceso oral anterior resultaron condenados con penas de 10 a 13 años de prisión dos funcionarios de la Dirección General de Fabricaciones Militares (Carlos Franke y Edberto González de la Vega) y dos de la FMRT (Jorge Cornejo Torino, y Marcelo Gatto). La sentencia dictada por el TOF2 en febrero de 2015 fue luego ratificada por la Cámara Nacional de Casación Penal en diciembre de 2017. Fueron declarados responsables por el delito de estrago doloso agravado por la muerte de personas.