Siguen demorados proyectos para reactivar la economía
Los instrumentos enviados por el ministro guzmán contemplan facilidades tributarias para la construcción privada, créditos hipotecarios e incentivos al ahorro en pesos. Confían en aprobarlas en el Congreso antes de fin de mes.
Casi a la par de la cuestión sanitaria, la reactivación económica post pandemia ocupa hace varios meses el podio de prioridades del Gobierno nacional. Y en ese contexto, el Congreso nacional se constituyó en una de las patas necesarias para avanzar con el plan que diseñó el ministro de Economía Martín Guzmán,. Sin embago, la postergación de las sesiones viene retrasando la marcha de proyectos claves para dar incentivos a sectores estratégicos.
◆ Construcción privada: el proyecto contiene incentivos tributarios para aquellos que canalicen sus ahorros en inversiones destinadas a la construcción. Para ello serán eximidos del pago del impuesto sobre Bienes Personales durante dos años y obtendrán crédito fiscal igual al 1% del desembolso. Una de las aristas más importantes de este texto es que se contempla un blanqueo de capitales sin declarar para aquellos que tengan previsto invertir en obra privada. Quienes declaren voluntariamente la tenencia de moneda nacional o extranjera y la destinen a la construcción, se les cobrará un único impuesto y se le concederá un bloqueo fiscal respecto a la eventual omisión de impuestos nacionales sobre estos fondos.
◆ Créditos hipotecarios: el Gobierno apunta a superar el fallido sistema de los préstamos UVA que comenzaron durante la gestión de Mauricio Macri y contempla la creación de un fondo que cubra los eventuales desfasajes entre el aumento de los salarios y la inflación. Además de las facilidades en lo financiero, el proyecto busca reducir el déficit habitacional, una deuda que siempre se encuentra pendiente. Es por eso que habrá líneas para la construcción sobre terreno propio o a adquirir; para la adquisición o cambio de vivienda por una a estrenar; refacción, ampliación o terminación; y adquisición o cambio de vivienda única de ocupación permanente.
◆ Consenso fiscal: el acuerdo que el Gobierno nacional suscribió con 21 de los 24 gobernadores provinciales tiene que ser ratificado por el Congreso y constituye una importante herramienta para motorizar la actividad en todos los distritos. La iniciativa otorga $70 mil millones a las provincias para reactivar sus economías, limita el aumento de la deuda pública y suspende los procesos judiciales por la distribución de la coparticipación federal. Por este último punto, la Ciudad de Buenos Aires fue uno de los distritos que no firmó el compromiso, y se sumó a La Pampa y San Luis que tampoco habían firmado el acuerdo anterior en 2017. En la última semana el Senado logró dictamen en la Comisión de Presupuesto y Hacienda por lo que está próximo a ser incluido en una sesión.
◆ Ahorro e inversión en pesos: la sequía de dólares obligó al gobierno nacional a buscar alternativas e incentivos para que los ahorristas tengan opciones viables en pesos, sin tener que recurrir a la moneda extranjera para que no pierda valor el esfuerzo. Entre las medidas, se eximirá del Impuesto a las Ganancias a los activos en pesos indexados, por ejemplo con CER o con UVA, y a otros activos en moneda nacional que se destinen a inversiones productivas. Tampoco se gravará con el impuesto a los intereses originados en los depósitos en instituciones financieras, en moneda nacional, con cláusula de ajuste con el objetivo de promover integralmente el ahorro en pesos, eliminando la discriminación tributaria que tenían ciertos instrumentos financieros.
◆ Sostenibilidad de la deuda: de manera transversal a la lista de proyectos con propuestas puntuales para distintos sectores, esta iniciativa es una medida a largo plazo que busca dar legitimidad a cualquier decisión del Gobierno nacional en materia de deuda. Por eso deberá pasar por el Congreso toda emisión de títulos públicos en moneda extranjera y todo programa que el Ejecutivo acuerde con el FMI. La normativa fija que cada Presupuesto Nacional deberá tener un porcentaje máximo del nivel de endeudamiento, y no se permitirá usar ese dinero para gastos corrientes, sino que solo se podrá utilizar para bienes de capital y de inversión productiva.