Mañana se sortea quién investigará las cuatro denuncias que ya se presentaron
El fiscal Marijuan puso la mira en el ex ministro y Verbitsky, pero dejó abierta la opción para nombres que se puedan sumar. Tres particulares también apuntaron a Ginés.
A menos de 72 horas del escándalo nacional por el Vacunavip, mañana comenzará un nuevo capítulo para el flamante ex ministro de Salud Ginés González García. Será cuando la Cámara Federal sortee las denuncias que se recibieron en la noche del viernes contra el ahora ex funcionario. La primera de esas denuncias fue presentada por el fiscal federal Guillermo Marijuan, quien pidió que se investigue no solo a González García, sino también al periodista Horacio Verbitsky, quien con su declaración dio inicio al escándalo, así como a todas las personas que puedan aparecer en el curso del caso. Un punto que ya genera suspicacias en tribunales como en la política.
De prosperar las presentaciones, como todo indica que sucederá, González García se enfrentará a una investigación penal. La más seria hasta ahora en la gestión de Alberto Fernández.
A la presentación de Marijuan también se agregaron al menos la de tres particulares, entre ellos el abogado y dirigente liberal Yamil Santoro, en tanto que la de Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), dependiente de la Procuración General de la Nación y a cargo de Sergio Rodríguez, abrió un expediente para investigar la situación y profundizar lo que sucedió.
Las distintas denuncias que se hicieron de forma remota seque rán sorteadas a primera hora de mañana lunes. Eventualmente todas confluirán en un solo juzgado y fiscalía, unificándose.
En su denuncia, Marijuan solicitó que se investigue “la presunta comisión de delitos de acción pública en que habrían incurrido” González García y Verbitsky. Eso “sin perjuicio” de que posteriormente se pueda “identificar a otras personas”, con el devenir de la investigación.
El punto es clave respecto de los alcances que pueda tener cuando en base a eventuales medidas de pruebas y testimoniales se reconstruya quién o quiénes tenían conocimiento de lo que sucedía con las vacunas que eran aplicadas de forma discrecional.
“Se trata de un acto de inusitada gravedad institucional porque no solo se está incumpliendo con los deberes de funcionario público, sino que se está impidiendo que una persona considerada de mayor riesgo y necesita vacunarse pueda hacerlo”, sostuvo Marijuan respecto de lo sucedido.
A lo que agregó que hubo “una clara manipulación por parte de los funcionarios responsables de la aplicación de la vacuna, quienes contrariando los alcances de las disposiciones dictadas por el Poder Ejecutivo aplicaron las mismas sobre personas que no se encontraban en las listas de prioritarios, sin ningún tipo de justificación”.
De acuerdo con la presentación, el presunto delito cometido sería el previsto por el artículo 248 del Código Penal, que sostiene que “será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”.