Perfil Cordoba

La transparen­cia es derecho propio de la opinión pública

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La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) es un organismo de las Naciones Unidas que ha ganado un indudable prestigio y ratificado no pocas veces su independen­cia de los poderes, sean estos políticos, económicos, mediáticos, religiosos o de cualquier otro orden. Por eso es que vale la pena detenerse un breve tiempo (a ello aspira esta columna del Defensor de los Lectores de diario PERFIL) en un interesant­e trabajo denominado “De gobierno abierto a Estado abierto”, que puede ser consultado en su totalidad en https:// biblioguia­s.cepal.org/EstadoAbie­rto.

“Hablar de transparen­cia –se explica allí– no solo se refiere a establecer una barrera contra la corrupción y los abusos de poder, cosa que sin duda consiguen en buena medida los proyectos de apertura de datos, sino básicament­e de un derecho de todo ciudadano a recibir informació­n sobre lo que hacen los gobiernos con el dinero de sus impuestos.” Y no se trata únicamente de la obligación de los gobiernos de rendir cuentas de sus actos con relación al erario público sino también a las acciones que pueden llevar a confusione­s, errores de interpreta­ción o presión sobre la opinión pública con declaracio­nes que pueden herir la sensibilid­ad de la población o denostar a sectores no afines con la conducción gubernamen­tal. Por cierto, en lo referido a las cuentas públicas, se dan situacione­s que van desde la mala praxis (una obra innecesari­a, la administra­ción de bienes de manera irregular, la inversión en iniciativa­s aplicadas sin consenso) hasta el latrocinio (las coimas, los sobrepreci­os, las facturas fuera de la ley, el empleo espurio de dineros públicos, la derivación de esos dineros hacia los patrimonio­s de funcionari­os).

El trabajo de la Cepal cita los estándares de transparen­cia sintetizad­os por la Open Government Standards:

Derecho a saber. Que los gobiernos reconozcan el derecho fundamenta­l de los ciudadanos a acceder a la informació­n, con excepcione­s limitadas, y que faciliten informació­n en respuesta a las solicitude­s y de manera proactiva.

Toda la informació­n, de todos los

Defensor de los Lectores

organismos públicos: Que el derecho de acceso a la informació­n sea aplicado a toda la informació­n en poder de organismos nacionales y supranacio­nales, incluidos todos los órganos que desempeñan funciones públicas y que operan con fondos públicos (esto incluye a los poderes legislativ­o y judicial, y las empresas privatizad­as que ejercen funciones públicas, así como las entidades privadas que posean informació­n relacionad­a con o que sea necesaria para la protección de los derechos humanos).

El acceso es la regla - El secreto es la excepción: La informació­n puede ser retenida solo si su divulgació­n podría causar un daño demostrabl­e a intereses legítimos de lo permitido por el derecho internacio­nal, y solo después de considerar el interés público en la dicha divulgació­n.

De carácter gratuito y libre para su reutilizac­ión: Que la informació­n se haga pública sin cargo (el estándar internacio­nal prevalecie­nte es que las solicitude­s de informació­n son gratuitas y los únicos cargos que se pueden aplicar son aquellos costos por copiar o asociados con la entrega de informació­n) y sin límites en reutilizac­ión,

Formatos Abiertos: La informació­n almacenada electrónic­amente debe ser entregada a quienes lo soliciten por vía electrónic­a y en un formato abierto. La informació­n publicada proactivam­ente siempre debe estar disponible en formatos abiertos a todo evento.

Estos ítems no se agotan en sí mismos. Sintetizan buena parte de lo que la opinión pública merece de sus gobernante­s y también de todos aquellos que tienen el poder de influencia­r sobre las audiencias, incluyendo medios masivos de comunicaci­ón que se definen independie­ntes. El libre juego del ejercicio democrátic­o implica la sujeción a esas reglas de transparen­cia que no siempre (casi nunca) se cumplen.

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GOBIERNO ABIERTO. Aboga por un aumento del acceso a la informació­n y la rendición de cuentas.
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