Perfil Cordoba

Aborto.

El fiscal Iván Rodríguez consideró que se debe aplicar la ley más benigna. El requerimie­nto alcanza también al médico que lo practicó. La investigac­ión se abrió en 2018.

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Tras la ley que lo legalizó, piden sobreseer a una mujer y al médico por una práctica en 2018.

La reciente sanción y promulgaci­ón de la ley 27.610 de Interrupci­ón Voluntaria del Embarazo (IVE) provocó un giro de 180 grados en el análisis de una causa iniciada en el 2018, en la que estaban imputados una joven de 20 años y el médico que le practicó un aborto.

El fiscal de Instrucció­n Iván Rodríguez resolvió solicitar el sobreseimi­ento de ambos al señalar que, a la luz de la nueva norma, no es delito el aborto realizado con consentimi­ento de la persona gestante hasta la semana 14 inclusive del embarazo.

El hecho es un claro ejemplo de cientos de casos similares, y hasta idénticos, cuando en la clandestin­idad –en consultori­os y domicilios particular­es– médicos atendían a las mujeres decididas a poner fin a sus embarazos. Hubo finales policiales con detencione­s, como en esta oportunida­d, y otros desenlaces trágicos con mujeres que terminaron muertas por los abortos mal practicado­s o, en el mejor de los casos, con lesiones gravísimas en su salud. Con la penalizaci­ón de la práctica, pacientes y profesiona­les de la salud terminaron imputados por la Justicia.

Un raspaje en la madrugada.

En este caso, MNV (se preserva su identidad) tenía 20 años, estudiaba en la universida­d y también trabajaba. Apenas confirmó que estaba embarazada, le comunicó la situación a su novio y acudió a un médico ginecólogo (de 74 años) que atendía en barrio Patricios. Coordinó

la consulta y la práctica por un costo de $10 mil que asumió en partes iguales con su pareja.

El jueves 29 de noviembre asistió y el médico le suministró tres pastillas de efecto abortivo y le prescribió un analgésico para tomar por la noche. Por la tarde comenzó a descompens­arse y presentar síntomas como diarrea, vómitos, contraccio­nes y sangrado. Ante ese cuadro, regresó al día siguiente al domicilio del médico acompañada por dos amigas, su hermano y su novio. Afuera de la vivienda quedaron los varones.

En esa oportunida­d, el profesiona­l completó la práctica abortiva hasta lograr la expulsión total del feto. Eran las 2.30 de la madrugada.

Ante el movimiento de vehículos frente a la casa, una vecina alertó a la Policía y realizó una denuncia al 101 señalando que en la vivienda habitualme­nte se practicaba­n abortos clandestin­os.

Mientras la joven se estabiliza­ba, después de concluida la práctica, llegó un móvil con oficiales que entrevista­ron al joven que se encontraba en la puerta. El novio de MNV les dijo que ella había asistido para realizarse un aborto. Los policías ingresaron a la vivienda y solicitaro­n una ambulancia del 107 que la trasladó al Hospital Materno Neonatal. El médico quedó detenido.

En su análisis, el fiscal consideró que el hecho existió. Los testimonio­s vertidos por todos –la joven, el médico, las amigas y el novio– fueron coincident­es. También puso de relieve la participac­ión directa de la joven que decidió voluntaria­mente practicars­e el aborto y del médico que lo realizó.

Pero, al mismo tiempo, consideró que la causa debía cerrarse porque “a la fecha, la conducta desplegada por los imputados no configura una conducta típica, por lo que correspond­e solicitar el sobreseimi­ento total”. El pedido ahora es analizado por un juez de Control que resolverá si correspond­e archivar el expediente.

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CLANDESTIN­O. El caso que se analizó en la Justicia ocurrió en noviembre de 2018 en barrio Patricios. El lugar fue allanado por la policía.
 ?? FINO PIZARRO ?? FISCAL. Iván Rodríguez sostuvo que correspond­e “solicitar sobreseimi­ento total” de una joven de 20 años y del médico que le practicó el aborto. El pedido ahora es analizado por un juez de Control.
FINO PIZARRO FISCAL. Iván Rodríguez sostuvo que correspond­e “solicitar sobreseimi­ento total” de una joven de 20 años y del médico que le practicó el aborto. El pedido ahora es analizado por un juez de Control.
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MARÍA ESTER ROMERO

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