Documentos y testigos que apuntalan la denuncia por el envío de armas a Bolivia
Desde Seguridad, Defensa y Cancillería aportaron evidencias sobre la autenticidad de la carta y desmintieron el supuesto uso de las municiones para entrenamiento.
Desde la acusación pública del gobierno de Luis Arce contra la gestión de Juntos por el Cambio por apoyar la dictadura en Bolivia con el envío de armamento, pasó una denuncia penal contra los diversos responsables involucrados por parte del gobierno nacional, desmentidas de parte de algunos de ellos y finalmente, la imputación por parte del fiscal Claudio Navas Rial. En el medio, Seguridad, Defensa y Cancillería (las carteras involucradas) se movieron internamente para recolectar evidencias que apuntalan la existencia de esta operación a la sombra del golpe de Estado.
Horas después que se conociera la acusación desde La Paz, en boca del canciller boliviano Rogelio Mayta, el ex jefe de la Fuerza Aérea Boliviana, Jorge Terceros Lara desconoció la autenticidad de su firma. Y la misma tarde del viernes 9 de julio, el ex embajador en La Paz, Normando Álvarez García, difundió un escrito en el que aseguraba no haber visto esa misiva en su oficina. En vez, destacó el asilo a ocho ex funcionarios, dirigentes y familiares del Movimiento al Socialismo y tanto la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich como el ex canciller Jorge Faurie, sobre quienes se posó la mirada, se plegaron a esos argumentos al igual que Mauricio Macri, el sábado 10.
A partir de entonces, desde las carteras que comandan Sabina Frederic, Agustín Rossi y Felipe Solá empezaron a recopilarse registros documentales en sus dependencias, informes y consultas al personal. Y la primera confirmación que llegó sobre la existencia de la carta fue desde la embajada en La Paz: el registro en el libro de recibidos bajo la entrada N° 184, el 15 de noviembre de 2019.
Según el testimonio posterior de personal diplomático, solo ocho cartas habrían ingresado en esa semana y se reportó que la misiva en cuestión iba dirigida al embajador en sobre cerrado. Ya que en la misión no había secretaria, al menos en esos días, nadie debería haberla recibido en su nombre.
El siguiente dato se aportó desde Defensa puesto que la carta que el militar boliviano desconoce no fue enviada directamente a la embajada sino que habría ingresado al circuito a través de la misión naval argentina, cuyas dependencias se encuentran a unas cuadras de la misión diplomática.
La sospecha es que, en esos días agitados, no habrían podido acercarla hasta la embajada. O no habrían querido hacerlo ya que funcionarios argentinos denunciaron haber sufrido entonces hostigamientos y espionaje con drones y artefactos de escucha desde el 8 de noviembre, cuando ingresaron los primeros asilados. Para el 15, la mayoría de ellos ya había dejado el país o buscado protección en la misión de México, por supuestas “presiones”. Solo el ex ministro de Gobierno Carlos Romero siguió allí por su vínculo personal con Álvarez García.
En una carta dirigida a Rossi, el entonces jefe de intructores de la misión naval en Bolivia, el capitán Roberto Gestoso, constató la autenticidad de su firma en la copia de la carta en manos de la Fuerza Aérea Boliviana, la que exhibió Mayta en su denuncia. La Armada argentina tiene una cercana relación con la del país vecino al punto de haber contribuido a su formación y cooperar con cursos de capacitación cada año. El jefe de la misión naval, el capitán Miguel Alonso, cumplía entonces también funciones como el agregado militar en la embajada argentina y fue quien gestionó los permisos para el vuelo del Hércules. El 10 de diciembre volvió al país.
Una serie de notas enviadas entre el 11 y el 12 de noviembre por las autoridades de Gendarmería solicitaron autorización al Ejecutivo de Macri para el viaje de un contingente de 11 miembros del grupo de elite “Alacrán” con su armamento habitual al que luego añadieron municiones semiletales en una cantidad incluso muy superior a la que figura en la carta de agradecimiento de los militares bolivianos: 70 mil cartuchos antitumultos marca Fabricaciones Militares, cien sprays de gas pimienta y 661 granadas de mano lacrimógenas, prácticamente el doble.
En la semana, la Policía boliviana reportó que halló parte del armamento argentino en un depósito propio, al menos 29 mil cartuchos. Desde el Gobierno creen que es el faltante que completa, con los 40 mil de la carta, el total requerido originalmente. El embajador Ariel Basteiro participará de una conferencia de prensa mañana temprano por la mañana desde la Escuela de Policía donde se exhibirá el armamento.
De acuerdo a las primeras indagatorias dentro de los ministerios, ese cargamento aterrizó en La Paz abordo del Hércules pero nunca llegó a la embajada. Acorde a la memoria de vuelo, el avión permaneció entre las 4.40 y las 6 de la mañana hasta que despegó de regreso a la Argentina con familiares del personal diplomático. ¿Quién movió el cargamento durante esas horas?
Aquí las versiones difieren. Dentro del Gobierno hay quienes apuntan a Gendarmería pero los primeros interrogatorios en Seguridad al grupo desplegado los alejaría de esta responsabilidad. Este punto es el menos claro de todos. Por lo pronto, también la Justicia boliviana investiga esta parte de la trama (ver recuadro).
Donde vuelven a coincidir las versiones, incluso con la de Álvarez García, es en que nadie vio el cargamento dentro de la embajada propiamente dicha. Como así tampoco se atestiguaron prácticas de tiro como las que se especifican en la rendición de cuentas del Servicio Administrativo financiero de Gendarmería donde se informa que los comandos desplegados –tres contingentes entre noviembre de 2019 y junio de 2020– quemaron los 70 mil cartuchos en supuestos entrenamientos. Ni los Alacranes consultados por Seguridad ni un informe dirigido al canciller Solá por parte de funcionarios de la embajada dan cuenta de esos ejercicios ni del almacenaje de ese material.
El viernes, el fiscal en lo penal económico imputó a Macri, Bullrich, Álvarez García, al ex ministro de Defensa Oscar Aguad, al ex director de la Gendarmería, Gerardo José Otero, al ex director de Logística de la fuerza Rubén Carlos Yavorski y al ex director de Operaciones Carlos Miguel Recalde por “contrabando agravado”. La documentación requerida por la Justicia a la embajada argentina ya fue aportada la última semana.
En simultáneo, dentro de Seguridad, donde afirman sus funcionarios que quieren moverse con “prolijidad”, ya se les inició un sumario administrativo a los tres gendarmes por irregularidades como no notificar a los superiores en la rendición de cuentas a la hora de cerrar el expediente de la operación. Los uniformados tendrán derecho a defenderse allí también aunque, bajo reserva, en el Gobierno aseguran que su situación es bastante delicada.