El jefe de “los copitos” apuesta a una excarcelación
Nicolas Gabriel Carrizo irá la próxima semana a la Cámara Federal porteña con la expectativa que se avale su pedido de excarcelación rechazado en primera instancia por la jueza María Eugenia Capuchetti. El llamado “jefe de de los copitos” es el único de los 5 de ese grupo que está imputado en la causa junto a Agustina Díaz, amiga de Brenda Uliarte.
Esta semana la Cámara Federal porteña rechazó por mayoría el planteo de la defensa de Díaz quien insistió con su excarcelación. En su fallo los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens fundamentaron su negativa al considerar que por la magnitud del hecho, otorgarle la libertad a la joven de 21 años sería de gravedad institucional, habida cuenta que la causa está en etapa de recolección de prueba y que podría poner en riesgo y entorpecer la investigación en curso.
La situación de Carrizo y la de Díaz son muy complicadas. Mientras la jueza Capuchetti trabaja en el fallo donde se define la situación procesal de ambos y que podría conocerse la próxima semana, el fiscal Rívolo la imputó provisoriamente de partícipe secundaria del intento de homicidio agravado por premeditación, alevosía y, subsidiariamente, de encubrir a Brenda Uliarte.
“Matá a quien vos quieras y oculta las huellas”, fue la recomendación que le dio Díaz a Uliarte en un mensaje de whatsapp que fue presentado por la querella de la vicepresidenta ante la cámara federal porteña para rechazar la excarcelación. El mensaje es clave para que la justicia eventualmente procese a la amiga de Brenda a quien tenía agendada en su celular como “Amor de mi vida”.
Por su parte, los abogados de Carrizo irán el próximo martes a una audiencia ante los camaristas de la que nuevamente participará la querella. Su defensa encabezada por Gastón Marano sostiene que la que la excarcelación estuvo mal denegada en primera instancia puesto a que no se opuso a la detención y que cuando declaró como testigo, consignó su teléfono celular de forma voluntaria. Los nuevos chats hallados en el teléfono de Carrizo son comprometedores. En su indagatoria se le enrostró un intercambio de mensajes con una persona a quien tenía agendada como “Andrea” a quien le dijo haberle entregado una pistola calibre 22 a Brenda Uliarte y que tras el intento fallido iban a ocultarla. Nicolás Carrizo aclaró que hablaba con su hermana, que se trataba de una broma y que el arma no existe.
En otro mensaje que se dio a conocer en los últimos días, apunta a la voluntad de Carrizo de “matar al jefe de La Cámpora”. Esta comunicación se dio apenas dos horas después del atentado a Cristina con una persona a quien tenía agendada como “Jony White”. Cabe destacar que dicho mensaje no se incorporó en la primera indagatoria con lo cual no se descarta que se pueda presentar en una ampliación si es que lo dispone la jueza Capuchetti.
Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte aguardan a que la causa sea elevada a juicio oral. Tras su procesamiento las defensas oficiales que los representan optaron por no apelar a la decisión de la magistrada Capuchetti, esto responde a una estrategia de la que los abogados públicos sostienen que las pruebas en su contra son difíciles de revertir en la instrucción del expediente, la pareja cumple prisión preventiva en el complejo I del Penal de Ezeiza.
La excarcelación de Nicolás Carrizo no será lo único que tendrá que resolver la Cámara Federal porteña, a esto se suma si las denuncias por amenazas formuladas por la Policía Federal Argentina y la Agencia Federal de Inteligencia por amenazas de la agrupación Revolución Federal deberán tramitarse en el mismo juzgado que lleva la causa por el atentado.
La intervención del tribunal de alzada se da por un conflicto de competencia luego del rechazo de la jueza Capuchetti del expediente remitido por su par Marcelo Martinez de Giorgi. En principio las denuncias del organismo de inteligencia y la fuerza de seguridad federal se habían radicado en el juzgado de Capuchetti pero las envió a sorteo puesto a que su investigación se enfoca en el atentado a Cristina Fernandez.
Dicho expediente recayó en el juzgado de Martinez de Giorgi quien, tras analizar el requerimiento del fiscal Gerardo Pollicita, determinó que las amenazas emitidas a través de las redes sociales de “Revolución Federal” deben ser investigadas de manera conjunta con la amenaza a la vicepresidenta.