“Una reforma judicial tiene que basarse en datos y debe acercar la Justicia a la gente”
Detrás de Miguel Piedecasas, integra la Lista 3 en la elección de la abogacía para designar cuatro representantes en el Consejo de la Magistratura de la Nación. Opina que es necesario contar con estadísticas reales del desempeño de los jueces y de las necesidades de la sociedad, antes de impulsar cambios. Cuestiona el excesivo peso que se da a los antecedentes en los concursos, que reproduce la ‘familia judicial’. Plantea un debate sobre el presupuesto que se asigna al organismo. concursos. Esa desigualdad de oportunidades está directamente relacionada con los antecedentes, parte del proceso de selección. Los judiciales pueden sumar más puntaje en especialización y capacitación porque tienen acceso, horarios flexibles, licencia con goce de sueldo. Los abogados independientes tienen que cerrar los estudios para hacer una maestría. Los antecedentes tienen el mismo peso que la prueba de oposición. En los órdenes de mérito se ve clarísimo. Hace poco vi uno en Mendoza: los primeros cinco tenían una nota promedio entre 50 y 60 puntos en el examen pero compensaban con los antecedentes. La sexta, una mujer, en la prueba de oposición se había sacado 81,5 y sin embargo los antecedentes bajaron el puntaje. Eso contribuye a la familia judicial.
—El Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa consiguieron abrir concursos para el ingreso de los empleados y el Poder Judicial no. Eso causa desconfianza.
—Son los ingresos, la falta de un Código de Ética, algunos jueces que por su obrar nos han llevado a desconfiar del resto. La justicia es lenta por falta de infraestructura, porque el sistema de trámite es obsoleto, pero no todos los jueces son lentos. Hay muchos que tienen al día sus juzgados. Hay que diferenciar la paja del trigo. Por eso es importante la estadística de la cual vengo hablando.
—Está bien que la Corte Suprema decida aumentos de sueldo y asignación de partidas. El presidente de la Corte preside también el Consejo de la Magistratura. ¿No cree que es una organización verticalista y unitaria?
—El presupuesto del Poder Judicial proviene de recursos tributarios y no tributarios del Tesoro Nacional. Con nuestros impuestos pagamos al Estado
“Nueve de cada 10 jueces que se designan vienen de la familia judicial”
nacional y de ahí sale el sueldo a los jueces federales. Si no nos sirven, tienen que irse a su casa. Es importante la aclaración. El Poder Judicial tiene un porcentaje de esa recaudación. Cuando Cristina Fernández impulsó el Consejo de 13 miembros que terminó con el reciente fallo de la Corte, como habían sacado a la Corte del Consejo, de alguna manera Néstor Kirchner en un DNU sacó parte de ese porcentaje y le dio a la Corte para sus sueldos y su manejo, exclusivamente. Eso generó que ese porcentaje fuera demasiado elevado en proporción a lo que gasta, a tal punto que hoy tiene plata en un fondo de contingencia. Mientras tanto, en el Consejo de la Magistratura hay un presupuesto que no alcanza para infraestructura porque lo gasta todo en sueldo. Hay un problema serio: o los sueldos son muy altos o son muchos los empleados o los recursos son escasos. Lo debemos revisar.