Ordenan el traslado de las mapuches detenidas de nuevo a Bariloche
El conflicto mapuche en la provincia de Río Negro presenta novedades: la Justicia ordenó que cuatro de las siete mujeres detenidas en el último operativo que se realizó en la localidad de Villa Mascardi, que habían sido trasladadas al Penal Federal de Ezeiza, regresen a Bariloche ayer por la tarde.
La orden partió de la magistrada federal subrogante Silvina Domínguez, quien encabezó las audiencias declaratorias a las siete detenidas, aunque seis de ellas optaron por no declarar. Una, en cambio, utilizó el espacio para desentenderse de las acusaciones y desvincularse de la lof Lafken Winkul Mapu: “Fui a atenderme con la machi por un problema de salud”, aseveró.
El desalojo siguió generando polémicas políticas, con declaraciones de Patricia Bullrich, presidenta del PRO, hasta Myriam Bregman, diputada nacional del Frente de Izquierda.
En el caso de la exministra de Seguridad, pidió diferenciar a los mapuches de grupos violentos que actúan en su nombre para cometer delitos: “Estuve con un montón de mapuches víctimas de este grupo de violentos que les sacaron sus tierras. Los dejaron sin su barrio, con el mismo verso de que eran tierras sagradas. Ellos actúan sin importarle quién está, con extrema violencia”, expresó en un diálogo con radio Mitre.
Incluso, la referente de Juntos por el Cambio aclaró que en una de las zonas en donde se centran los reclamos no forma parte de la consideración: “El Lof de Cushamen está abandonado. Ellos decían que para ellos esas tierras eran fundamentales, pero las abandonaron. Esto demuestra que no saben lo que quieren”. Se trata del lugar donde murió en 2017 Santiago Maldonado.
En tanto, Bregman calificó lo sucedido como “un manoseo, con qué desprecio las tratan. Horrible. Despreciable”. “El ministro Fernández se concentra en debates semánticos. Nuestro repudio tiene que ser gigante, nadie se puede quedar callado ante este aberrante atropello a los derechos humanos. Es represión”, añadió desde sus redes sociales ante la problemática.
Hasta el momento, desde el gobierno de Río Negro negaron hechos de represión en el operativo de desalojo y destacaron el trabajo de las fuerzas de seguridad de la Nación que intervinieron.