Cuestión de tiempo
en cualquier otro país, pero la resiliencia local hace que la primera reacción sea la de acomodarse y recalcular las opciones tácticas. Incluso, hubo épocas de no hiperinflación en que todas las variables transitaban a una velocidad mucho mayor: solo basta recordar que antes de la irrupción del Plan Austral (1985) muchos contratos guerra contra la inflación: ya saben cuál es su rol y allí depositan sus expectativas.
El sistema de alquileres desnudó, por ejemplo, que una ley que impone una actualización de los valores contratados una vez al año con tasas de inflación de tres dígitos no responde a su finalidad. Ya con el IPC en el 50% anual empezó a hacer agua, recordando modalidad de incluir variaciones fijas en cada año (los “escalones”) que intentaban compensar la inflación pasada o anticipar la futura, a la introducción de las cláusulas “de revisión” en los convenios colectivos de trabajo. Es una mezcla de incertidumbre y desconfianza en la palabra oficial. En la gestión de Martín Guzmán, por ejemplo, se incluían en el Presupuesto nacional proyecciones de inflación inverosímiles que servían para la alquimia financiera fiscal.
El corolario de tanta manipulación y falsedad es que ningún actor de relevancia espera la orden para acomodar sus propios objetivos. A esto se suman
Las paritarias pasaron de sumas
fijas a las cláusulas de
revisión
la actualización prometida y postergada de las tarifas públicas y la aceleración de las devaluaciones diarias para no aumentar la brecha del tipo de cambio para situarnos en un entorno indexatorio que hará difícil volver a bajar la inflación a los niveles de 2021.
Por eso, el nuevo objetivo del Gobierno (o, al menos, del equipo económico que también juega su propio partido) será el de evitar el descontrol que se lo llevaría puesto y llegar al fin de este accidentado mandato con parte de la misión cumplida. Pero como el contrario o la contraria también juegan, esta propuesta debería no solo ser aceptada, sino también promovida para que no fracase otra vez.