Un caso en 2022

Milagros Guerrero tenía 22 años en 2022. Estaba cumpliendo una condena en el Establecimiento Penitenciario N° 3 para Mujeres de Bouwer, a disposición del Juzgado de Ejecución Penal de Primera Nominación. En junio de ese año apareció ahorcada y sus compañeras la rescataron con vida. Las internas denunciaron que Milagros “ya había necesitado asistencia, pero desde el penal no le otorgaron ninguna consulta ni tratamiento, sino otro chaleco farmacológico para mantenerla calmada y dormida”, por lo que afirmaron que, casos como el de Milagros, “no son suicidios, son asesinatos”.

En noviembre de 2022, ante la visita a Córdoba de Morris Tidball-Binz, Relator Especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, la Regional Córdoba de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH Córdoba) y la Coordinadora Anticarcelaria de Córdoba presentaron un informe con graves denuncias. En el documento señalaron que el caso de Milagros Guerrero reveló las arbitrariedades a las que están expuestos los y las internas de las cárceles en Córdoba. “Estos ‘tratamientos’ son firmados por el personal de salud del SPC; llevados adelante por empleados penitenciarios y avalados por el Poder Judicial de Córdoba, ya sea las fiscalías de Instrucción o los juzgados de Control y o de Ejecución Penal”, dice el texto. “Llamativamente todas y todos los pacientes reciben los mismos cócteles de psicofármacos, en iguales cantidades de dosis y a la misma hora; lo que llama poderosamente la atención: ¿estamos ante una epidemia y los internos son atendidos en masa y no en cada caso individual?”, se preguntaron.