Bouwer debe dejar de ser sinónimo de corrupción, tortura y muertes
Comienzo estas líneas con la conocida prescripción constitucional y agrego lo que no es una humorada, sino una tragedia: “Las cárceles serán sanas y limpias para seguridad y no para castigo de los reos” dice la Constitución Nacional. Yo agrego: menos en Córdoba.
Ya sé que no es la primera vez, salvo que en este caso la celeridad judicial, policíaca y administrativa terminaron con la condena a muerte y cumplimiento en 48 horas. Temo que la conciencia ciudadana se adormezca una vez más y olvidemos el asunto. Espero que la familia del asesinado no baje los brazos, que la conciencia ciudadana no se adormezca, para evitar que el gobierno de la provincia tenga éxito en el intento de acallar el crimen y quede impune.
Deseo que el futuro juicio tenga toda la repercusión mediática necesaria para enseñarnos que esto no puede volver a pasar. Ayer, la barbarie represiva se llevó a Blas Correas. Hoy, la sombra de Blas está presente en cada control policial y nos recuerda que no hay excusa para perseguir y matar a los ciudadanos.
Hoy, el crimen de César Moreno deberá estar presente en cada decisión judicial de enviar sin motivo por presuntos delitos a la prisión efectiva. La fatídica UCA, nombre eufemístico de contención del aprehendido, no deberá ser un centro de tortura y Bouwer deberá dejar de ser sinónimo de corrupción, torturas y muertes.
Nadie duda que la sociedad está angustiada por el delito. Pero la represión al margen de la ley no es el camino. La crónica periodística nos da cuenta de que el Gobierno de la provincia está preocupado en que el crimen de Moreno no se convierta en otro caso Blas Correas.
Como simple ciudadano aspiro a todo lo contrario. Deseo que el tema se instale y se conozcan los nombres de cada uno de los responsables. Que nadie quede sin castigo y que se revise todo lo que haya que revisar para borrar esta mancha. Córdoba ha restablecido la pena de muerte y con una celeridad superior a cualquier cárcel del mundo. Este crimen no puede quedar impune.
Hace muchos años, cuando fui constituyente, omití establecer la prohibición de la pena de muerte, creí que con la Constitución Nacional y los pactos internacionales había suficiente. Pero me olvidé que funcionarios y burócratas judiciales podrían decidir y ejecutar con prontitud dicha pena.
Merece también un párrafo aparte el funcionario judicial que ordenó la prisión efectiva de un ciudadano que –por un problema médico– habría cometido una infracción menor. Qué prontitud severa encontramos en este caso, que no ocurre frente a denuncias, delitos y procesos de funcionarios de encumbrado rango que transitan en absoluta libertad su enjuiciamiento. Qué trato tan infamemente desigual.
Termino estas líneas de indignación parafraseando aquel célebre escrito periodístico de Émile Zola, su famoso “Yo acuso”. Entonces, digo: “Yo acuso a la Provincia de Córdoba por no haber impedido el asesinato de César Moreno”.