Evalúan hacer peritajes en la obra pública judicial
Con un análisis pormenorizado de cada uno de los expedientes sospechados, la Justicia Federal avanza en la causa que investiga los desmanejos en la obra pública del Poder Judicial de la Nación. Así lo explicaron a PERFIL fuentes judiciales que adelantaron que, tras la feria invernal, se ordenaría una pericia integral para establecer con exactitud los delitos que se habrían cometido y los montos.
En la causa, en la que ya declararon más de veinte testigos que dieron cuenta de diversas irregularidades en los manejos de las obras, hay siete ex funcionarios judiciales imputados. Entre ellos está Germán Krieger, ex administrador general del Consejo de la Magistratura y señalado como un hombre cercano al presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti. El manejo del Comité de Inversión es uno de los ejes del pedido de juicio político que prepara Elisa Carrió contra Lorenzetti. Tal como explicó PERFIL, Lorenzetti ya le respondió que “las decisiones y las licitaciones las decide el Consejo”, pero la diputada asegura tener información sobre irregularidades.
El peritaje integral sobre los expedientes sospechados demandaría no menos de seis meses y podría extenderse hasta casi un año. Aunque todavía no se determinó quién lo realizaría, está prácticamente descartado que sea el Cuerpo de Peritos del Poder Judicial de la Nación Especializado en Casos de Corrupción y Delitos contra la Administración Pública, creado por el máximo tribunal en 2014. En Comodoro Py admiten que si bien el Consejo y la Corte son organismos independientes uno de otro, no sería indicado hacer intervenir al Cuerpo. Entre las opciones que se barajan para realizar la pericia está la de incluir más de un organismo.
El período investigado es el que va entre 2012 y 2014 y, en principio, sólo 3 de las 14 obras bajo la sospecha no presentarían anormalidades. Los diferentes delitos que se habrían cometido van desde posibles sobreprecios en las obras e irregularidades en licitaciones hasta otros desmanejos del área, como acopios de materiales. Esta presunta maniobra implicaba que, bajo la excusa de evitar la inflación, se adelantaban compras de los insumos, que después no estaban o presentaban faltantes.