Los extraños cambios de nombre y de DNi de la hermana alba
Las laicas consagradas del Monasterio de las Monjas Orantes y Penitentes de Nuestra Señora de Fátima están hoy en el centro de la tormenta por el caso José López. Entre ellas, se destaca la figura de quien ha sido la principal rectora de esta institución desde su formación en 1994, la hermana A lba. Fue quien mantuvo conversaciones con un teléfono de la mujer del ex f uncionario kirchnerista, antes de la llegada de López, carabina y millones en mano, al convento ubicado en General Rodríguez.
Según pudo constatar PERFIL a partir de la revisión del expediente público de la institución religiosa, reconocida por la Iglesia argentina, Alba inició el trabajo como priora con un nombre y un DNI que resultó no ser el suyo. En los primeros años, figuraba con el nombre “Madre Alba María Martínez”. Se la identifica como uruguaya y tiene un DNI que no se corresponde con los registros públicos. A pesar de que figuraba formalmente con ese nombre, en algunos de los documentos que constan en el expediente que está depositado en la Secretaría de Culto firmaba como “Alba Día de España”, de puño y letra.
En 2011, el abogado Octavio Sillitti, representante legal del convento, rectificó el dato, al indicar que su nombre era “Alba Día de España Martínez” y su DNI era otro. En este caso, sí coincide la información con los registros públicos. La presentación del letrado no vino acompañada de ningún justificativo para este insual cambio de identidad.
Silitti y otros dos abogados figuran como representantes legales del monasterio. Uno de ellos tiene como dirección personal en Puerto Madero. En ningún apartado de la información provista al Estado por parte de las autoridades de la institución figura Ana Pronesti, la gestora que fue sindicada como prestamista en General Rodríguez.
Las autoridades eclesiásticas argentinas han mantenido una posición vacilante. En un primer momento, el Arzobispado Mercedes Luján emitió un comunicado desligándose de esta “institución privada” (sin aclarar que tenía el reconocimiento de la Secretaría de Culto por un pedido del propio arzobispado). Una semana después el obispo Agustín Radrizzani visitó la institución y dijo que no era un “aguantadero”. En tanto, el presidente del Episcopado, José María Arancedo, pidió primero “separarlas de la situación” y aventuró que “desconocían lo que estaba pasando”. Pero ayer, declaró al diario La Nación: “La Iglesia no puede encubrir si alguien actuó mal”.
se la identifica como uruguaya y el documento no se corresponde con los registros