Investigarán los vínculos de Tomeo y un narcotraficante
El empresario denunciado por Carrió por lavado compró una estancia a Meyendorff, un traficante colombiano de cocaína.
Imágenes tomadas por la Federal en abril de 2012 durante el allanamiento a la propiedad de San Vicente. Para entonces, Meyendorff ya la había vendido a Tomeo. En los próximos días, el juez federal de Quilmes, Luis Armella, comenzará a analizar la trazabilidad de las propiedades del empresario Daniel Carlos Tomeo y del narco colombiano Ignacio Álvarez Meyendorff. PERFIL reveló en su edición de ayer que el empresario denunciado por la diputada Elisa Carrió por presunto lavado de dinero compró un campo en San Vicente, provincia de Buenos Aires, a una sociedad del capo de una organización dedicada al tráfico de cocaína. Los investigadores deberán determinar a quién compró Tomeo sus bienes y a quién vendió Meyendorff.
Cuando la Justicia federal ordenó allanar en abril de 2012 varios inmuebles del colombiano, Meyendorff estaba detenido hacía un año en el penal de Ezeiza, a la espera de una extradición a los Estados Unidos. La estancia allanada ya era propiedad de Tomeo hacia diez meses, según la documentación que consta en el expediente.
En los allanamientos, la Policía Federal ingresó a dos campos de Meyendorff: las estancias Santa Clara, en Chivilcoy, y Anna José, en San Vicente.
Las imágenes registradas por la Federal en la propiedad de San Vicente muestran una estancia remodelada pero con poco uso. El casco que había adquirido Tomeo contaba con un sauna y jacuzzi recién instalados. El terreno tiene cancha de tenis, pileta y solarium. También encontraron armas y municiones.
Meyendorff utilizaba sociedades para comprar bienes con dinero del narcotráfico. Tras su caída, sus apoderados se deshicieron de propiedade. Por eso, la Justicia deberá investigar ahora si la transacción con Tomeo fue parte de una maniobra para que el colombiano conservara su patrimonio en la Argentina pero a nombre de terceros. En diálogo con PERFIL, Tomeo negó esa hipótesis.
El empresario es investigado como un presunto “lavador” de una estructura de la provincia de Buenos Aires que habría puesto a su nombre decenas de bienes presuntamente obtenidos con fondos ilícitos.