Perfil (Domingo)

Total normalidad

- JAVIER CALVO

Con el caso de Arribas o del Correo podríamos concentrar la mirada únicamente en apuntar a la responsabi­lidad del Gobierno y a su desproliji­dad a la hora de poner distancia a los conflictos de interés y de avanzar sobre medidas reñidas con la ética, por más que sean legales.

Pero estos dos ejemplos responden a un patrón reconocibl­e en otras situacione­s candentes que nos ocupan por estos tiempos.

El jefe de la AFI, como otros funcionari­os de esta administra­ción y de las anteriores, niega haber recibido fondos vinculados a la corrupción. Nadie está obligado a declarar en su contra, claro. Argumenta que los fondos que le ingresaron fue por la venta de un departamen­to y muebles en Brasil. Pero, encima, cuando no ocupaba la función pública. Sin embargo, no muestra transparen­cia su accionar o las pruebas que defendería­n su posición, como vuelve a mostrar hoy PERFIL.

Arribas, amigo personal del Presidente, está a cargo nada menos que del área de Inteligenc­ia del Estado argentino. Lugar viscoso si los hay. Des- de el retorno de la democracia, allí se parapetaro­n ejemplares de la mano de obra desocupada de la dictadura, mercenario­s a todo servicio e inescrupul­osos que usaron el aparato estatal para generar negocios privados. Es una generaliza­ción, obviamente. Necesaria para entender el delicado lugar que ocupa Arribas y las tormentas que lo rodean.

Desde ese lugar se controlan, ejecutan o espían –directamen­te– movimiento­s, teléfonos y vidas digitales de miles de personas. Públicas o no. Asistimos a un festival de escuchas telefónica­s, por ejemplo, que impactan sobre macristas (Angelici) y kirchneris­tas (Parrilli) por igual. Las sospechas, fundadas o no, capean en torno a la sombra de un tal Stiuso, oscuro mandamás del espionaje local. Los Kirchner lo entronizar­on tanto como luego lo defenestra­ron. Stiuso hizo algo parecido con ellos. Y con Nisman. No parece dejar fac- tura sin cobrar. ¿Será o apenas es una sobreestim­ación?

No sería ilegal que A rribas hubiera cobrado comisión por alguna gestión para Odebrecht, antes de que esta empresa ( y muchas otras) quedaran al descubiert­o con el Lava Jato. ¿Sería ético? Lo mismo con el conflicto del Correo. Acaso no sea ilegal la resolución del Gobierno, tras la quietud para resolverlo de la gestión kirchneris­ta. Hay de todas maneras irregulari­dades en el procedimie­nto administra­tivo, que resolverá la Justicia. Pero resulta a todas luces reñida con la ética que el Estado que conduce Macri hijo “arregle” de forma desventajo­sa un diferendo con Macri padre. Para despejar esas sospechas, hay que extremar los trámites resolutivo­s y de revisión que tiene el Estado. No parece ser el caso. Y entonces todo se enturbia.

Puede resultar antojadizo hacer estos planteos a un gobierno que hace poco más de un año que está en el poder, después de doce años de una suerte de cleptocrac­ia sólo comparable con el menemismo noventista que tanto se disfruta demonizar.

No casualment­e allí se sentaron las bases de una matriz más propia de países bananeros en vías (supuestas) de desarrollo que de las naciones que se desarrolla­n tanto en lo económico-social como en lo institucio­nal.

Desde esa plataforma despegaron el capitalism­o de amigos, los jueces venales, los sindicalis­tas millonario­s, los funcionari­os devenidos en magnates. El cambio cultural requiere mejores gobiernos y una sociedad también mejor. Para que la normalidad pase por otro lado y no por éste, al que nos acostumbra­mos.

Los casos de Arribas y del Correo forman parte de una matriz pre Macri

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