La Justicia investiga una polémica licitación
Un negocio por US$ 35 millones del Ministerio de Medio Ambiente quedó esta semana bajo la lupa de la Justicia Federal. El fiscal Federico Delgado abrió una causa para investigar una licitación para adquirir cincuenta buses eléctricos que desató una pelea entre empresarios locales y chinos, y el ministro Sergio Bergman.
PERFIL reveló hace dos semanas que el negocio exponía acusaciones cruzadas de corrupción. Entre el 26 y el 29 de diciembre, Bergman disolvió la comisión evaluadora que debía decidir a quién correspondía entregar el negocio y conformó una nueva que cambió el dictamen. La licitación quedó en manos de CTS, una firma representante de la compañía china BYD, constituida en el país a las apuradas. Para lograr las firmas necesarias para dictaminar a favor de CTS, Bergman autorizó a Julián Rousselot, jefe de Informática del Ministerio, a sustituir al técnico especializado en buses eléctricos, Pedro Orbaiz, que había fallado a favor de otra empresa: Vía Bariloche. Tres semanas más tarde, Bergman ascendió a Rouselot a subsecretario de Coordinación Administrativa, el área encargada de la revisión legal de las licitaciones públicas. Rousselot, hijo del denunciado ex intendente de Morón, es ingeniero en informática, sin ningún tipo de expertise en buses eléctricos.
La decisión del ministerio fue impugnada por dos de las finalistas de la licitación: Vía Bariloche y Newsan. La primera, vinculada al kirchnerismo, incluso envió una carta al jefe de Gabinete, Marcos Peña, denunciando supuestas irregularidades en la licitación.
El ministro respondió la semana pasada denunciando ante la Justicia a uno de los funcionarios de su propia gestión, el técnico Pedro Orbaiz. Bergman lo acusó de los supuestos delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público por haber favorecido a Vía Bariloche, adulterando supuestamente informes oficiales del INTI y la CNRT para beneficiar a esta compañía, y omitiendo en su informe los altos costos de mantenimiento que ofrecía la empresa y las sospechas de corrupción que pesan sobre su socia china, Higen.
La denuncia del ministro cayó en el juzgado de Rodolfo Canicoba Corral y en la fiscalía de Delgado. Pero el fiscal pidió esta semana no sólo investigar lo denunciado por Bergman sino la licitación en sí y así intentar dilucidar qué delitos se cometieron en el marco de este negocio millonario.
La fiscalía pidió “dilucidar los hechos ligados a posibles irregularidades en la licitación y contrastar ambas versiones”, y requirió el expediente administrativo de la licitación para que pueda ser examinado por expertos y la documentación relativa al vínculo laboral de Orbaiz con el ministerio. Además, dijo al juez que es necesario analizar las posibles relaciones de los funcionarios con las empresas oferentes.
El proceso, por unos US$ 35 millones, se abrió para adquirir 50 buses eléctricos