Lázaro Báez tendría que afrontar multas por hasta US$ 380 millones
Si Lázaro Báez es condenado por lavado de dinero, el Estado podría recuperar de inmediato una suma de hasta 379 millones de dólares, que es la cifra con la que puede ser multado por el manejo de fondos a partir de presuntos sobreprecios en la obra pública.
El dato surge de los cálculos que realizó en los últimos días el juzgado federal de Sebastián Casanello, a cargo de la causa. El tribunal que lo juzgue deberá imponerle una multa que irá entre dos o diez veces el monto que haya operado y que la Justicia certificó en US$ 37.900.000.
La multa puede oscilar así entre US$ 75.800.000 y los US$ 379.000.000, según se desprende de los dos procesamientos en su contra. En el primero, del 18 de abril de 2016, se lo acusa de haber lavado US$ 5.100.000, mientras que en el otro, del 1º de junio, se le reprochan US$ 32.800.000. Así se llega a la cifra de US$ 37.900.000.
Luego de los procesamientos en su contra por lavado, la Justicia determinó que Báez tiene inmuebles, máquinas, coches y aeronaves que en su conjunto superan los US$ 180 millones. La pesquisa de bienes aún no terminó y sigue, sobre todo, detrás de propiedades en el exterior.
Para Casanello, el empresario kirchnerista ya está en condiciones de ser llevado a juicio oral y público. Sin embargo, esa intención chocó en su momento con una puja con la Unidad de Información Financiera (UIF) y la AFIP que se oponían al juicio en esta instancia. La disyuntiva llegó a la Cámara Federal, que en los próximos días deberá expedirse.
Por el delito de lavado, Báez puede recibir una pena de entre tres y diez años de prisión, en el caso que se señale el delito simple, o de entre cuatro y 13 años, de estimarse la figura agravada. De cualquier caso, tiene sobre él un complejo cerco judicial. Esta semana su figura quedó comprometida en la causa Los Sauces que, en forma paralela, tramita Claudio Bonadio. Sus hijos Martín, Leandro y Luciana, declararon que su padre tomaba todas las decisiones de Austral Construcciones y sus empresas satélite, mediante las que se convirtió durante el kirchnerismo en el mayor contratista de obra pública en Santa Cruz. En esa causa se investiga la relación de sus empresas con el alquiler irregular de propiedades de los Kirchner, bajo la hipótesis de un sistema de “retornos” debido a la adjudicación de obra pública por contratos millonarios. También es investigado por Hotesur.
La penalidad a imponer debe ser de entre dos y diez veces el monto operado