Repensar las políticas educativas nacionales
Es necesario corregir los profundos problemas que se arrastran desde el nivel secundario. Se trata de agendas que exceden lo puramente presupuestario. Hay que replantear la calidad de la enseñanza.
Al reflexionar sobre el nivel educativo universitario, es necesario previamente hacer un recorrido panóptico sobre todo el sistema educativo nacional. En los pasillos de las casas de altos estudios es queja frecuente “el nivel” con el que llegan los estudiantes a la instancia terciaria o universitaria, y se suelen escuchar frases como “no saben estudiar ni interpretar textos”, “sus evaluaciones están plagadas de errores de ortografía”, “estudian de apuntes y no profundizan”, “leen con mucha dificultad”, “no se esfuerzan”, “recortan y pegan presentando como propio lo que es de otros”, por mencionar algunas.
Este catálogo de reclamos suele ser abordado desde un interrogante inquietante: ¿cómo es que este alumno llegó hasta aquí y en estas condiciones? El pedagogo español Miguel Angel Santos Guerra ha descripto genialmente la “cadena desopilante de justificaciones” con que cada instancia del sistema se deslinda del atraso educativo presente, evidenciado por los estudiantes recientemente promovidos, diciendo: “Consultado un profesor universitario sobre el nivel educativo de sus alumnos, éste no ha dudado en cargar las tintas sobre la mala base lograda en el nivel medio, y les reprocha haberlos promovido con escasa preparación. Interpelados estos directivos y docentes, afirmaron que hicieron lo que pudieron ya que tuvieron que volver sobre tareas que ya a esa altura deberían estar consolidadas, tales como leer, escribir y resolver operaciones matemáticas básicas, etc., echando culpas sobre el nivel primario. Por su parte, éstos se excusan alegando que las líneas directrices de las políticas educativas los exhortan a retener y promover, convencidos de que al año siguiente se habrán de solucionar los objetivos no alcanzados en el anterior, para finalmente asegurar que habría que revisar la currícula del nivel inicial, ya que desde allí se estimula a los niños a preferir el juego sobre el estudio. Desde los jardines de infantes, directoras y maes-
tras replicaban que el problema viene de antes y que los niños provienen de familias con problemas, que no saben educar a sus hijos. Consultado un grupo de padres, éstos aseveraron a su favor que así les fueron entregados por el ginecólogo, el que, al ser reclamado, se limitó a decir que últimamente los espermatozoides vienen de muy mala calidad…”. Este sarcástico relato expone un problema que trasciende nuestro país y que expresa los diversos rostros del denominado fracaso escolar.
Por ello es preciso revisar algunas definiciones con poco sustento fáctico y que con el tiempo se han fijado en la conciencia colectiva a la hora de discutir preferencias educativas, como por ejemplo: 1) que el éxito universitario es consecuencia de un tránsito formativo previo por los niveles inicial y primario en una regular, costosa y desconflictuada educación privada, en contraposición con la impredecible, abandonada y combativa educación pública; 2) que basta la certificación de una universidad pública como garantía de calidad profesional, en oposición a las titulaciones privadas logradas sobre el pago de onerosas cuotas mensuales donde los estudiantes son tratados como clientes más que como sujetos en formación, con todo lo que ello significa; 3) que el título profesional emitido por la unidad certificante de que se trate (pública o privada) es determinante para la preferencia del público requirente a la hora de contratar un asesoramiento, especialmente en el área de las profesiones liberales (se acercan más por el nombre o el prestigio que han sabido construir o que los antecede, que por preguntarse en qué institución se formaron); 4) es falso que se valoren por igual los títulos con independencia de la universidad otorgante en el mercado laboral académico de las instituciones superiores oficiales (se puede constatar la reticencia a facilitar el ingreso de graduados provenientes de universidades privadas, circunstancia no tan evidente en sentido en inverso). Sí cabe destacar que puede observarse una clara ventaja y consideración social del graduado del sistema público en las áreas de las ciencias médicas y de las ingenierías, quizás porque el sector privado ha apostado por carreras con mayor demanda de matrícula, económicamente más redituables y que no necesitan tanta inversión para ponerlas en marcha. Hechos. Independientemente de las percepciones sobre temas que pudieran ser concluyentes a la hora del acceso, la permanencia y la titulación universitaria, existe una verdad que resulta insoslayable en la República Argentina, y es que pese a las políticas activas de la última década orientadas a incorporar el mayor número posible de niños y jóvenes al sistema –Ley Nacional de Educación Nº 26.206/06, AUH/09, aumento del presupuesto para educación hasta llegar al 6,47% del PBI–, no se logró detener la preocupante deserción escolar especialmente en el nivel medio, por la que miles de jóvenes son expulsados anualmente del sistema educativo mucho antes de poder intentar el nivel superior de i ngreso irrestricto y gratuitamente garantizado.
La Ley 27.198/15 estableció un considerable aumento en el Presupuesto 2016 para las universidades nacionales, que resultó a todas luces insuficiente ante un proceso inflacionario que parece no revertir, profundizando la inequidad y la falta de oportunidades en jóvenes que tempranamente deben abandonar la escuela media, empeorando en consecuencia aun más la preocupante estadística nacional que afirma que sólo tres de cada diez estudiantes que acceden a la universidad logran obtener su título profesional.
Quizás ya es tiempo de repensar las políticas educativas nacionales de un modo global, tratando de corregir los desniveles observables entre niveles, así como los que ocurren entre lo público y lo privado, para evitar los extravíos y distorsiones que se producen camino a la universidad, pues sólo así podremos garantizar igualdad de oportunidades en el acceso y una mejor calidad formativa para nuestros estudiantes.
Para garantizar la igualdad de oportunidades se impone un debate urgente