La nueva política con londres convive con sanciones a la pesca y al petróleo
La administración de Cambiemos decidió dar un giro drástico en la política de enfrentamiento con el Reino Unido. Sin embargo, esta nueva orientación política convive con un régimen de sanciones contra la pesca y la explotación petrolera en la zona heredado.
Según pudo verificar PERFIL, en el caso de la pesca, la única sanción fue ejecutada por la actual administración y no hubo nuevas denuncias. Mientras que en el caso del petróleo, un proceso judicial iniciado en 2015 por iniciativa de los ex ministros Julio De Vido (Planificación) y Héctor Timerman (Cancillería), dejó de tener seguimiento ministerial y pasó a estar en manos de la Procuración del Tesoro.
En base a una reforma a las normas de explotación petrolera, la denuncia de la administración kirchnerista apuntó a “actividades ilícitas de exploración, búsqueda y eventual extracción de hidrocarburos en proximidades a las islas Malvinas”. La entonces jueza federal de Río Grande, Lilian Herráez, trabó un embargo por 156,4 millones de dólares contra las empresas señaladas.
Con el cambio de Gobierno, según pudo saber este medio de fuentes oficiales, el tema que estaba entre las prioridades de los sectores legales de la Cancillería y el Ministerio de Planificación, fue delegado a la Procuración del Tesoro. Por otro lado, la jueza Herráez se retiró y hoy la causa está a cargo del juez Federico Calvete de Ushuaia que subroga el cargo vacante.
En el caso de las normas de pesca, la gestión del ministro de Agricultura radical Ricardo Buryaile fue el encargado de ejecutar las sanciones de un proceso iniciado por la denuncia de Juan Benegas, un empleado de la pesquera en
el único castigo a una pesquera en la zona de exclusión se ejecutó bajo el actual gobierno.
falta que descubrió el caso por un mail que le enviaron por error desde la central de su empresa en Japón.
A diferencia del impulso que se dio a la sanción petrolera, durante el anterior gobierno hubo largas demoras en la aplicación de las normas porque la empresa en cuestión, Pesantar, había sido adquirida por una armadora de electrónica fueguina con un fuerte poder de lobby. Finalmente, este año la filial chilena que había pescado en Malvinas terminó pagando la multa de 7,5 millones de pesos con la gestión Cambiemos.