Después de doce años, sigue sin designarse al defensor de la niñez
Pese a que la pobreza afecta especialmente a los menores de 14 años, algunas políticas sobre niñez y adolescencia muestran problemas de aplicación, disparidad de criterios entre provincias y larguísimas demoras. En contra de lo que ordena una ley sancionada con un consenso amplio en 2005, el cargo del defensor de la niñez está vacante desde hace 12 años. Y recién tras un fallo judicial del 9 de marzo pasado, a partir de un amparo presentado por un grupo de ONGs contra las cámaras de Diputados y Senadores, se conformó la comisión bicameral necesaria para su designación. El reglamento para la elección y los candidatos a ocupar el puesto, sin embargo, todavía están en veremos.
Mientras el Gobierno pretende bajar la edad de la imputabilidad a 14 años, vía la sanción de una ley penal juvenil, los menores prácticamente no tienen voz en los debates que los tienen como protagonistas. Pero a su vez son uno de los sectores más perjudicados (sobre todo los pobres) por la crisis económica.
Según los últimos datos del Indec, la pobreza por edad alcanzó un pico de 45,8% en los sub 14. Es un porcentaje muy superior al de pobreza general: 30,3%. A ese panorama se le suma la ausencia de datos específicos: la última Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (Ennys) se hizo en 2005.
Una de las áreas estatales orientadas a garantizar los derechos de los menores es la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Sennaf). Dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, la secretaría quedó acéfala tras la reciente renuncia de su directora, Yael Bendel.
Al momento, el encargado de reemplazarla en la práctica es el viceministro de Desarrollo, Gabriel Castelli, ex director de Cáritas y de varias empresas de peso, como Loma Negra y Farmacity. Se trata de un dirigente ubicado a mitad de camino entre la Iglesia Católica y el empresariado con sensibilidad social.
En 2016, la Sennaf ejecutó apenas el 71% de su presupuesto, sobre $ 2.129 millones que tuvo a su disposición. Desde el ministerio de Carolina Stanley afirmaron que esa baja performance (la peor de los últimos años) se debió a una demora en la firma de convenios entre la Nación y las provincias, específicamente en relación con la apertura de espacios de primera infancia.
No del todo satisfecha con esa explicación, la apoderada de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Dalile An- túnez, mañana presentará un pedido de información pública ante la Sennaf. Su intención es recibir un informe detallado sobre la ejecución del presupuesto.
La ACIJ es una de las ONG que –junto a la Fundación Sur Argentina, Poder Ciudadano, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la Asociación Civil por los Derechos de la Infancia (ADI) y el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), entre otras– integra un colectivo llamado Infancia en Deuda. Esa agrupación presentó un amparo para apurar la designación, congelada desde hace 12 años, del defensor de niños, niñas y adolescentes.
La jueza Claudia Vidal finalmente les dio la razón a las ONG, con críticas veladas para el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo. A los pocos días del fallo, el Senado eligió a sus cinco delegados para la comisión bicameral, según lo estipulado en la ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niños.
Esa comisión está compuesta por cinco diputados y cinco senadores, con representación proporcional de las fuerzas. “Es todo muy trabado. Acá los or- ganismos de control son vistos como una amenaza”, se queja Dalile Antúnez, de ACIJ.
Escépticos tras 12 años de incumplimiento de la ley, los militantes de Infancia en Deuda pretenden que el defensor, en caso de ser designado, sea independiente y tenga experiencia en temas de niñez. En definitiva, quieren evitar que sea una figura meramente decorativa o demasiado cercana al Gobierno.
En 2016, el Gobierno apenas ejecutó el 71% de los programas de la Secretaría