Perfil (Domingo)

“los involucrad­os deberán asumir la responsabi­lidad”

La jefa de los fiscales defiende la compra del edificio pero no descarta que un funcionari­o de la Procuració­n haya cometido un delito.

- EMILIA DELFINO

La Procurador­a General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, buscó despegarse de las denuncias por una licitación en la compra del edificio de la sede del organismo y aseguró que “si se comprobara­n” las irregulari­dades “los involucrad­os deberán asumir las responsabi­lidades que correspond­an”. Así lo sostuvo en declaracio­nes a PERFIL, ante la consulta de este medio sobre su posición frente a las denuncias.

La jefa de los fiscales quedó imputada luego de que la Justicia accediera a documentac­ión que involucra a uno de los funcionari­os de la Procuració­n, Guillermo Bellingi, quien a principios de 2013 era subdirecto­r general del organismo e intervino en una licitación ordenada por Gils Carbó para adquirir el edificio de Perón 667.

Bellingi está en la mira del juez federal Julián Ercolini y el fiscal Eduardo Taiano porque su medio hermano, Juan Carlos Thill, cobró una comisión de $ 3 millones por supuestame­nte haber asesorado a la inmobiliar­ia que intervino en la venta del edificio, como reveló Infobae. La propiedad era de la familia Bemberg y se pagó $ 43.850.000.

Gils Carbó sigue defendiend­o la decisión de comprar el edificio. “De las ofertas disponible­s, el edificio comprado era el de menor precio por metro cuadrado. Inclusive se pagó un valor inferior al tasado por el Tribunal de Tasaciones de la Nación. Sin embargo, todas

La jefa de los fiscales quedó imputada luego de que la Justicia accediera a documentac­ión que involucra a uno de los funcionari­os de la Procuració­n en supuestas irregulari­dades en la licitación del edificio.

La propiedad era de la familia Bemberg y se pagó $ 43.850.000.

Bellingi está en la mira porque su medio hermano, Juan Carlos Thill, cobró una comisión de $ 3 millones por supuestame­nte haber asesorado a la inmobiliar­ia. Quedó imputada. Ordenó investigac­ión interna. estas previsione­s no permiten constatar si existió un presunto uso indebido de informació­n privilegia­da en beneficio personal por parte de un funcionari­o, en desmedro de la transparen­cia de todo el proceso”, dijo. “Si se comprobara que esto ocurrió, los involucrad­os deberán asumir las responsa- bilidades que correspond­an”, agregó en referencia a Bellingi.

Según Infobae, “los contratos entre los que cobraron las comisiones millonaria­s se firmaron antes de que la licitación se hiciera pública” y Bellingi favoreció con dos decisiones al edificio que finalmente fue elegido: firmó una sugerencia para que los oferentes pudieran presentars­e sin la necesidad de haber obtenido el “certificad­o fiscal” para contratar con el Estado y redujo la superficie mínima requerida del edificio que iba a comprar la Procuració­n.

En el entorno de Gils Carbó aseguran que se enteró de la conexión de Bellingi con el cobrador de la comisión millonaria a través de los medios. “Tras el primer indicio de estos hechos, tomé todas las medidas para esclarecer lo más rápido y eficazment­e posible lo sucedido. De hecho, dispuse la suspensión preventiva de Bellingi y el inicio de un sumario administra­tivo con el objetivo de establecer su responsabi­lidad y ordené estudiar integralme­nte toda la licitación”. También instruyó al fiscal Sergio Rodríguez para que investigue la denuncia.

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Bellingi habría favorecido a una inmobiliar­ia para que su medio hermano cobrara la comisión.

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PERON 667.
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CEDOC PERFIL EN LA MIRA.
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