Perfil (Domingo)

Una sentencia maldita que nos hace retroceder

- JAVIER CALVO

La primera puntada la dio con la toma de distancia del fallo de la Corte Interameri­cana de Derechos Humanos en el Caso Fontevecch­ia. La segunda, con la aceptación de la prisión domiciliar­ia de un represor. Y ahora llegó el 2x1 para los delincuent­es de lesa humanidad. Asusta y alerta la regresión de la Corte Suprema en temas que, como las violacione­s a los derechos humanos, debieran formar parte de la cosa juzgada y no de marchas y contramarc­has dolorosas.

Obviamente que hay una discusión jurídica (y no solamente) sobre si la ley debe ser igual para todos versus no todos los delitos son iguales. Una mayoría de la Corte abrazó la primera interpreta­ción y la minoría la segunda, recordando que los convenios internacio­nales de derechos humanos a los que adhirió nuestro país a partir de la Constituci­ón reformada en 1994 distingue a los delitos de lesa humanidad como permanente­s e imprescrip­tibles, porque sus efectos continúan. Aquí, esto se traduce en que miles de argentinos no saben aún dónde están sus familiares desapareci­dos o apropiados durante la dictadura.

El hecho de pensar en cruzarse por la calle a asesinos, torturador­es y secuestrad­ores es un retroceso ya padecido por estas latitudes. Los indultos de Menem, sin embargo, no fueron castigados por una sociedad sinuosa y frágil de valores.

La Corte, que llegó a este fallo en medio de una dura interna (como ya se relató semanas atrás: e.perfil.com/ bombita-lorenzetti), deberá enfrentars­e a la rebelión judicial que ya se expuso ayer en PERFIL. Tribunales orales, jueces y fiscales ya fallaron en oposición a la sentencia de los cortesanos. Y habrá más pronunciam­ientos en esa línea, con la idea de que sea la Corte la que se haga cargo de fallar en cada expediente. Pero también es de prever que ciertos sectores de la Justicia liberen más rápido que tarde a varios condenados. Más de 250 tendrían esa posibilida­d según la Procuració­n.

Contra lo que algunos creen, en la Corte niegan que el Gobierno haya intentado influir en este tema. Es cierto que poco ayuda a Cambiemos que algunos funcionari­os no hayan sido tajan- tes con la condena a la dictadura, con la estúpida discusión sobre el número de desapareci­dos o con el respaldo que recibieron de personajes ultramonta­nos del planeta anti K. Tampoco que de los tres votos de la Corte, dos fueran de los jueces propuestos por el Gobierno. Y menos contribuye que funcionari­os de peso demoraran hasta ayer para un rechazo claro del fallo de la Corte, hecho por boca del jefe de Gabinete. Probableme­nte sin buscarlo, la administra­ción Macri se ha metido otra vez en un problema político del que, como lo demostró rápidament­e, el kirchneris­mo residual buscará sacar tajada.

Eso, igual, no es nada al lado del retroceso institucio­nal, social y democrátic­o que implica volver a discutir problemáti­cas que creíamos parte del pasado. Volvieron, tristement­e.

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