De la exclusión a una economía solidaria
La falta de empleo es un problema que angustia a las personas y preocupa a los gobiernos. Cuando el problema se considera coyuntural, las respuestas apuntan a seguros contra el desempleo y otras formas de asegurar la subsistencia. En cambio, el desarrollo tecnológico que va sustituyendo el trabajo humano por máquinas convierte el problema en estructural; aun así las propuestas siguen limitándose a atender la subsistencia por medio de una “renta básica universal”.
Pero el trabajo va más allá de un medio para asegurar la subsistencia. Así lo han considerado tanto el humanismo cristiano como el marxista. Este último afirmaba, en palabras de Engels, que “hasta cierto punto podemos decir que el trabajo ha creado al propio hombre”. El desafío de conservar esta concepción del trabajo como creación de la propia condición humana obliga a buscar salidas más creativas que la simple subsistencia.
En nuestro país los problemas de desempleo resultan principalmente de insuficientes inversiones productivas, por lo que, con una mirada de corto plazo, puede pensarse que las respuestas coyunturales no son tan desacertadas. Sin embargo, hay razones que obligan a buscar una salida más estructural: 1) aun cuando la tecnología sustitutiva de trabajo humano no es todavía un problema para nuestro país, es necesario prepararse para su llegada inevitable; 2) la definición del problema como coyuntural no puede esconder su larga permanencia en el tiempo; 3) los planes sociales, los subsidios y el aumento exponencial de un empleo público nacional, provincial y municipal ficticios, no han hecho más que distorsionar el funcionamiento del Estado y de la economía sin resolver el problema de la pobreza que afecta a más del 30% de la población.
A esto debe agregarse un dato de la realidad: que los mismos desocupados están buscando soluciones más estructurales y más dignas, formando cooperativas de trabajos como la de los cartoneros o las de empresas recupe- radas, entre otras. El dictado de la Ley 27.345 en diciembre pasado pareció indicar que el Estado se proponía dar una respuesta estructural al problema del desempleo al crear el “Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario” (Cepssc). De haber sido ése el objetivo de la ley, la misma debió disponer las medidas pertinentes, y la creación de las dependencias públicas necesarias, para incorporar a la organización institucional una economía no basada en el afán de lucro, sino en el trabajo cooperativo y solidario; la que debería cumplir con el requisito de ser eficientes en la producción de bienes y servicios según una planificación centralizada con evaluación de resultados. Una economía solidaria que coexistiría con una paralela altamente tecnificada que proveería los recursos necesarios para apuntalar su funcionamiento (como lo viene haciendo con el asistencialismo por otra parte).
Sin embargo, el espíritu de la ley sigue imbuido de un asistencialismo que está lejos de cumplir con aquellos objetivos. Espíritu asistencialista que surge de varias de sus disposiciones: 1) el Consejo pone en un mismo plano a la economía popular con el salario social complementario; 2) su órbita es el Ministerio de Desarrollo Social y no uno relacionado con la Producción; 3) del Consejo hacen parte representantes ministeriales de Desarrollo Social, de Trabajo y de Hacienda, pero ninguno de Economía o de la Producción; y 4) su objetivo (artículo 2º) busca asegurar derechos a los trabajadores sin mencionar la creación de bienes y servicios.
Atrapados por la lógica del asistencialismo, los gobiernos y los dirigentes sociales no registran la urgencia de avanzar en la institucionalidad de una economía paralela solidaria como la esbozada más arriba. Y en esa línea las experiencias de los trabajadores cooperados deben servir de base para la nueva institucionalidad, la que dará a esas experiencias la coherencia y complementariedad derivadas de una planificación estratégica. *Sociólogo.