INCAA

La situación actual en el Incaa ha despertado pasiones y deberíamos tratar de ver, serenamente, lo que está en juego. Las denuncias por oscuridades en el manejo de los dineros del Instituto han salpicado a todos los funcionarios que estuvieron ahí durante la administración kirchnerista: Jorge Coscia, Liliana Mazure, etc. Se plantearon discusiones en torno a los conflictos de intereses de otros funcionarios, como Pablo Rovito, director de la escuela del Instituto y a la vez productor. Esos funcionarios aparecían sospechosos de favorecer a amigos, socios o familiares. Incluso se sospechaba que mientras era jefe de Gabinete, Alberto Fernández utilizaba el Instituto como su “caja”. También hubo fondos destinados a la producción que funcionaban por fuera del Instituto. ¿Alguien me puede explicar por qué los fondos de la Televisión Digital Abierta pasaban por las manos de Julio De Vido? Pregunta retórica: yo sé por qué, y ustedes también. La corrupción no es un detalle sin importancia, ni una excusa para no hablar de otros problemas. Es un cáncer. Si yo veo que alguien mete su mano en mi bolsillo, lo primero que hago es decirle que la saque. Después se podrá hablar de lo que se quiera, antes no. Todo esto se sabía cuando, a comienzos de la gestión de Macri, se nombró como presidente a la persona que propusieron las entidades representativas de la profesión y se mantuvo a todos los funcionarios, incluyendo a Rovito. Era la garantía de que todo iba a seguir igual, incluyendo oscuridades en el manejo de los fondos. Quienes se habían aprovechado hasta ese momento de la situación querían seguir haciéndolo. El presidente del Instituto era el representante de las corporaciones de la industria. Esa decisión de nombrar a Alejandro Cacetta se debió quizá a una especie de “ideología empresaria”, es decir, pensar que la industria podía manejar adecuadamente el cine. O quizá se pensó que no valía la pena pelear en ese terreno. Lo que es seguro es que no había ninguna política en el campo del cine, aunque en otros territorios cercanos podía pensarse que la había. Pienso en el nombramiento de Miguel Pereyra como presidente de Radio y Televisión Argentina o, también en el área cultural, la designación de Alberto Manguel como director de la Biblioteca Nacional. En un mundo ideal se debería pensar en una política para el cine llevada adelante por el Instituto. Como modelo debería pensarse en la tarea de Manuel Antín durante la presidencia de Raúl Alfonsín, a quien –es justo destacar– jamás se acusó por ningún acto de corrupción. Una política plural, sin subordinación alguna al gobierno de turno, considerando la compleja realidad del cine, al mismo tiempo objeto cultural que nace en el marco de una industria. Raúl Beceyro raulbeceyro@yahoo.com.ar