Tensa negociación para aprobar la ley que pena a empresas
pués de inscribirse en el país, Ghella solicitó a la Secretaría de Transporte de Ricardo Jaime una prórroga para completar trámites que le permitieran ofertar por la licitación del soterramiento. Mientras tanto, Odebrecht y Iecsa ya estaban asociadas para competir por la obra. Iecsa aún no estaba en manos de Angelo Calcaterra sino de Franco Macri.
Ghella obtuvo sus prórrogas, pero el 23 de mayo las tres se asociaron con la española Comsa y presentaron una oferta conjunta. “Esta mecánica de agrupamiento remite, al menos por sus similitudes, al esquema de ‘cartelización’” del caso Odebrecht en Brasil, dijo el fiscal federal Franco Picardi en uno de sus últimos dictámenes en la causa en la que se investiga si el consorcio pagó coimas para obtener la obra. En el entorno de Ghella aseguran que no formaron parte de esas maniobras.
La empresa italiana tenía otro objetivo claro en Argentina: el entubado del arroyo Maldonado. Al mismo tiempo que buscaba ganar con sus socios el soterramiento apuntaba a un proyecto clave de la administración porteña para frenar las inundaciones, valuado en más de $ 454 millones. La crisis del gobierno de Aníbal Ibarra y los vaivenes de su sucesor, Jorge Telerman, sólo le implicaban trabas. Hasta que asumió Macri como jefe de gobierno.
Fue un buen año para Ghella. El 23 de enero de 2008, el gobierno de Fernández de Kirchner adjudicó a Iecsa, Odebrecht, Ghella y Comsa el soterra- miento del Sarmiento. Un mes más tarde, el 21 de febrero, Macri le entregó a Ghella la licitación del Maldonado. Hacía cinco meses que Ghella había comprado el 50% de ODS, el holding dueño de Iecsa (el diputado Eduardo Tailhade comenzó a poner la mira en esta transacción). Entonces, comenzaron a operar con dos bancos: Macro y Ciudad.
Por el Maldonado, Ghella también compitió con su socia Odebrecht. La obra fue finalizada, algo que no sucedió con el soterramiento. La obra está en pañales tras 12 años de anuncios. Para sumar más irregularidades, las empresas y el gobierno de Fernández de Kirchner lograron transformar la licitación del soterramiento por US$ 889 millones en un contrato por US$ 3 mil millones. La oferta con la que ganaron la licitación había sido la más económica, pero 12 meses después, el 23 de diciembre de 2008, el Estado firmó el contrato por $ 11.702.929.915 (US$ 3.421 millones de esa fecha) por las tres etapas que el consorcio nunca había licitado, cuadruplicando el valor de la oferta. Al oficialismo le va a costar y mucho avanzar en el Congreso con el régimen de responsabilidad penal empresaria, que contempla sanciones para las compañías que cometan delitos contra la administración pública.
El presidente Mauricio Macri propuso la ley a raíz del escándalo que se armó con la confesión de directivos de Odebrecht, que dijeron haber pagado coimas en el país, durante la era kirchnerista, para conseguir trato preferencial en las obras públicas.
Pero lo que trabó el tratamiento del proyecto, que el miércoles se aprobó en “general” en Diputados, fue el artículo 37, que prevé la posibilidad de que el Poder Ejecutivo firme por única vez un acuerdo administrativo retroactivo con la firma brasileña a cambio de información sobre los sobornados.
Para un sector importante de la oposición, incluido el Frente Renovador, ese artículo es un “traje a medida” para el macrismo, porque –sostienen– empresas de la familia presidencial “podrían estar involucradas en este caso”. Sin el aval del massismo, Cambiemos no tendrá ley.
El Gobierno hará una contrapropuesta antes del miércoles que viene, día pactado para tratar el articulado del proyecto. Ofrecerá modificar parcialmente ese ítem, obligando al Ejecutivo a entregar “sin mirar” la información que obtenga del acuerdo con la empresa a la Justicia. En diálogo con PERFIL, el diputado del PRO Daniel Lipovetzky ironizó: “Los que veníamos a gobernar para los ricos impulsamos el castigo a las empresas corruptas, cosa que no quieren hacer los nacionales y populares”, en alusión al kirchnerismo.
Un diputado massista le anticipó a este diario que hay otras inconsistencias en la iniciativa. “Contemplan sólo el cohecho, cuando deberían sancionarse todos los delitos federales”, explicó. Y agregó que los funcionarios no pueden hacer en ningún caso –y menos de manera retroactiva, porque eso viola la ley– acuerdos con acusados de corrupción. “Para eso está la Justicia”, dijo el legislador.