Los documentos que complican a De Vido.
PERFIL accedió al convenio del tren turístico de Río Turbio, con la firma de Roberto Baratta, su segundo en Planificación. El ex ministro desafió a Macri.
El mecanismo ideado en la empresa estatal Yacimiento Carbonífero Río Turbio (YCRT) permitió desviar miles de millones de pesos sin licitación ni controles. También permitió al ex ministro Julio De Vido tercerizar la responsabilidad de las decisiones que diez años después, la Justicia le atribuye. ¿Cómo lo hizo? Los mails que intercambiaron los funcionarios del Ministerio de Planificación y YCRT, a los que accedió PERFIL, demuestran que la empresa era manejada íntegramente desde la cartera de De Vido y que su mano derecha, Roberto Baratta, tenía un rol preponderante en el engranaje que montaron. Ambos están imputados en la causa que la semana pasada estuvo en boca de todos, tras el pedido del fiscal Carlos Stornelli de desafuero y detención del ahora diputado; y la negativa del juez Luis Rodríguez, quien sostiene que no hay pruebas suficientes.
Cada vez que el yacimiento necesitaba comprar insumos, maquinarias, cañerías o realizar obras, el ministerio de De Vido enviaba los fondos millonarios y ordenaba a Yacimientos pagar las sumas. Muchos de esos fondos no se canalizaban directamente sino a través de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y sus regionales en Río Gallegos, La Plata, San Nicolás y Avellaneda, encareciendo los costos en un 21 %, como reveló PERFIL en mayo de 2016. Primero se hacía un contrato marco para la totalidad del proyecto, como sucedió por ejemplo con el Tren Turístico, una de las desventuras millonarias. Los acuerdos marco se hacían con el beneplácito del rector de la UTN, Héctor Brotto, y las autoridades de Planificación. Luego se hacían varios contratos específicos entre la UTN y su fundación para “fraccionar las compras” y evitar la licitación pública en busca del mejor oferente. A cambio de sus servicios, la UTN y su Fundación se quedaban con el 21 % de los fondos por “gastos adminis- trativos”.
Sólo por la UTN Santa Cruz habrían pasado unos $ 3 mil millones, según los documentos internos de YCRT. Sin embargo, el rector Martín Goicoechea, aseguró a este medio: “Desde 2008 hasta 2015, recibimos alrededor de $ 1.000 millones”. Los otros $ 2 mil millones no llegaron, dijo.
Si bien la causa judicial se centra en la Regional Santa Cruz de la UTN, PERFIL pudo saber que hay otras tres regionales de la universidad que firmaron el mismo tipo de convenios y habrían recibido más fondos: La Plata, San Nicolás y Avellaneda. Lo llamativo es que éstas tres son facultades a más de 2.700 kilómetros de distancia de Río Turbio.
El tren turístico de la mina de carbón es uno de los ejem- plos de cómo funcionaba el circuito. PERFIL accedió por primera vez a un documento del caso firmado por Baratta, entonces subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del ministerio. Se trata del Convenio Marco para reactivar el viejo ramal ferroviario Eva Perón, que conectaba la mina con Río Gallegos. A partir del acuerdo marco, el ex interventor de YCRT, Ata- nasio Pérez Osuna -hoy intendente de Río Turbio- firmaba contratos específicos con la UTN para “asistencia técnica” o “capacitación de personal”. Pero en realidad se usaba a la UTN para pagar a proveedores de YCRT de forma directa y bajo la discrecionalidad de Planificación. De los $ 400 millones supuestamente des-
tinados al tres turístico, Goicoechea aseguró que la UTN de Santa Cruz sólo cobró $ 190 millones.
El nivel de fondos destinados a YCRT fue monumental, especialmente comparado con el fracaso del proyecto. Según consta en la causa, el yacimiento debía estar listo para producir 2 millones de toneladas anuales de carbón en 2010, pero en 2015 solamente produjo 45 mil toneladas, similar a lo que la mina producía en sus inicios, en 1951. El viernes 8 de mayo de 2015, el funcionario Javier González, del Ministerio de Planificación, notificó a los contadores de YCRT: “Estimados: La semana próxima, nos estarán dando 1 millón de dólares por día”. En abril de 2015, pidió a los encargados de pagar las cuentas de YCRT que no toquen nada sin el “OK de las autoridades”.
La contadora Gabriela Accorinti es una las testigos que declaró ante el juez Rodríguez. Se desempeñaba en el área de Contabilidad y Finanzas de YCRT, desde donde se aprobaban los pagos. Dijo a la Justicia que le “resultaba irregular” que “excepcionalmente” llegaban primero las facturas que había que pagar y luego se encontraban los convenios que las justificaban. Se refiere a los convenios con las facultades de la UTN.
Otro funcionario, Juan Marcelo Vargas, fue un hombre clave. Amigo personal y hombre de máxima confianza de Baratta, Vargas fue el nexo el Ministerio de Planificación y YCRT. Vargas era quien se encargaba tanto de transmitir los mensajes de Baratta como de reportarle. “Avisen cuando Economía firma esto así calmo a la fiera…”, dice uno de los correos electrónicos que envió, refiriéndose a la mano derecha de De Vido.