La funcionaria no se someterá al polígrafo y desafió otra vez al tsJ
La fiscal general venezolana, Luisa Ortega, veterana chavista que rompió hace tres meses con el presidente Nicolás Maduro, aseguró ayer que no teme someterse al detector de mentiras, pero que no lo hará si el proceso es dirigido por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), con quien mantiene una disputa institucional, tras cuestionar sus sentencias y ser sometida a un antejuicio de mérito que podría culminar con su destitución.
“No puedo hacerlo si esa prueba es dirigida por un Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ilegítimo, cuyo poder no reconozco”, expresó en un video que compartió en Twitter. Ortega afirmó que el polígra- fo está tan cuestionado “como la tortura”, porque viola “los derechos humanos, el debido proceso y la dignidad de las personas”.
La jefa del Ministerio Público argumentó que nadie puede ser sometido a esa prueba y que “quedará en la historia que ha sido el mismo Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, el que ha promovido un polígrafo, práctica cuyo resultado es usado en contra de la misma persona”.
“¿Cuántos de los que actualmente están dirigiendo el país soportarían esta prueba del polígrafo? ¿Se atreverían todos a hacérsela?”, redobló la apuesta. Sin embargo, aclaró que está dispuesta a hacerlo si el TSJ reconoce que esa prueba viola los derechos humanos y se compromete a no realizarla de nuevo.
La Corte, acusada de servir a Maduro, citó mañana a la funcionaria para someterla al detector de mentiras en la sede de la policía científica (CICPC), como parte de un juicio de mérito por supuestamente haber mentido al afirmar que no aprobó la selección de 33 magistrados.
La fiscal asegura que nunca firmó el acta de selección de esos jueces, que finalmente fueron designados por el Parlamento en diciembre de 2015, cuando el chavismo aún lo controlaba. Ortega considera que el proceso en su contra es una “persecución penal”, ya que el TSJ le prohibió salir del país y le congeló sus bienes.
Ortega se distanció de Maduro hace tres meses y medio, tras denunciar una “ruptura del orden constitucional” en Venezuela y rechazar la Constituyente.