Indagarán a Gils carbó y podría quedar al borde del procesamiento
La jefa de los fiscales presentará un escrito con documentación para defenderse ante la causa que se le inició por la compra de un edificio. Las pruebas que la comprometerían.
Los tribunales federales vivirán una situación inédita el jueves, cuando la jefa de los fiscales, Alejandra Gils Carbó, ingrese al edificio de Comodoro Py 2002 para declarar como imputada en una causa sobre supuesta corrupción. Se investiga si la compra del edificio de la sede de la Procuración, en Perón 667, fue digitada para favorecer a los dueños y si los privados que intervinieron pagaron comisiones millonarias a funcionarios del Estado para garantizarse el negocio inmobiliario.
Es la primera vez que un procurador general de la Nación es indagado. El fenómeno es parte de una disputa política por el sillón de Gils Carbó, que el Gobierno y un sector de la Justicia pelea desde hace más de dos años y que la procuradora se niega a dejar vacante. La causa avanzó en tiempo récord, en tan sólo cuatro meses.
El jueves, Gils carbó presentará un escrito con su defensa y documentación para avalar sus dichos. No desconocerá el hecho de corrupción bajo investigación sino que negará cualquier participación suya en el hecho. Fuentes ligadas a la funcionaria detallaron que hará énfasis en que ella no fue partícipe de la supuesta corrupción o cobro de plata o comisiones y que la licitación pasó por todos los controles internos que rige la ley. También dirá que no hubo defraudación a la administración pública y que se eligió el edificio con mejor precio y sin pago de comisión por parte del Estado.
“Si no recibió dinero, no hay razón para tenerla procesada”, aseguraron.
El fiscal Eduardo Taiano tiene otra posición: fuentes judiciales afirman que cuenta con documentación y testimonios que comprometerían a su jefa. El fiscal cree que Gils Carbó no recibió dinero para aprobar la compra pero que tendría participación en el hecho debido a decisiones administrativas que permitieron que la licitación terminara como terminó. Eso la pondría en la mira por supuestas negociaciones incompatibles con la función pública.
Las decisiones que comprometen a la jefa de los fiscales es haber firmado la baja de una licitación previa que estaba en desarrollo para comprar otro edificio cuando ella llegó al cargo. También la que habilitó una nueva licitación que terminó favoreciendo a los dueños del edificio de Perón 667, la familia Bemberg. Otra de las decisiones que la comprometerían es que Gils Carbó nombró, según fuentes judiciales, al principal sospechoso a car- go de la licitación. Hay en el expediente, además, testimonios de dos funcionarios de carrera de la Procuración que señalan que este funcionario respondía supuestamente a la procuradora y que sólo él se encargaba de la licitación del edificio. Se trata de Guillermo Bellingi.
Pero la defensa de Gils Carbó también tendrá un componente político para sostener que la causa es parte de un operativo del Gobierno para desplazar a la procuradora, “una causa armada” y que la decisión de Taiano y del juez Julián Ercolini de “procesarla después de la indagatoria es parte de esta maniobra”.
“Si no recibió dinero, no hay razón para tenerla procesada”, dicen en su entorno