Acusan a un ex fiscal por anticipar allanamientos y apretar a policías
Benito Pont fue imputado en una causa que investiga una red de trata de personas que captaba y explotaba a menores en Paso de los Libres. Un ex socio y amigo sería el líder.
El ex fiscal federal Benito Pont era un hombre que gozaba de muy buena salud en Paso de los Libres. Respetado, poderoso e influyente. Así fue durante muchos años. No debe ser fácil denunciar a un hombre con tanto peso en la Justicia. Y con tantos contactos. Tanto poder tenía Pont que recién en el año 2015 una mujer se animó a desenmascararlo, aunque por temor a sufrir algún tipo de represalia prefirió que su nombre quedara en reserva.
El dato que sirvió como puntapié para la apertura de una causa judicial contra una red de trata de personas que captaba y explotaba a menores en distintos prostíbulos de la zona llegó por la Línea 145 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. La denunciante anónima manejaba información clasificada: reveló que había chicas de 15 años trabajando en el lugar y que los encargados de manejarlo se enteraban con anticipación de los allanamientos que a menudo realizaba la Policía. También sabía quién era la persona que los estaba protegiendo: el fiscal federal de Paso de los Libres.
Acorralado, Pont renunció a su cargo. Según describen los testigos, el ex fiscal era un tipo prepotente, autoritario. Emilio Lencina, jefe de la Unidad de Investigaciones de la Unidad Regional 4 de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), relató el 6 de mayo pasado un violento episodio que sufrió uno de sus oficiales. “Che, me agarró Benito Pont, me encerró en su oficina y me pegó una apretada bárbara. Y me dijo: ‘Decile a Velázquez que se deje de joder con la causa de Aguirre, que es amigo mío. Métanse ustedes con los avioncitos en el aeropuerto’”, fue la amenaza clara que recibió, según consta en la causa judicial. Amigos y socios. Ricardo Aguirre es un ex socio comercial e íntimo amigo de Pont. Para los fiscales de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) Marcelo Colombo y Alejandra Mángano, junto a Miriam Benítez, de la Fiscalía Federal de Paso de los Libres, y Carlos Schaefer, fiscal federal de Cámara de Corrientes, sería el líder de la organización.
En el pedido de procesamiento contra el ex funcionario judicial y otros 17 imputados entendieron que “Aguirre aseguró su impunidad ante la justicia federal de Paso de los Libres a partir de su influencia con Pont y José María Viero, quien tenía autoridad en la ciudad en virtud de su alto rango en la Gendarmería –comandante mayor retirado – e influencia política en razón de los destinos de gran relevancia en los que trabajó, como la Dirección de Inteligencia de esa fuerza o la casa de gobierno nacional como custodio presidencial”.
“Me agarró Pont y me dijo: ‘Déjense de joder con esa causa’”, contó un miembro de la PSA
Viero es otro personaje central en la causa; no sólo por tratarse de un efectivo de alto rango sino porque es cuñado de Pont. Rosana Rodríguez fue señalada como una de las mujeres que administraba uno de los prostíbulos. Ella también tenía vínculos con personajes influyentes: está casada con Pedro Sánchez, ex miembro de Gendarmería Nacional, conocido como “el Comandante”.
Para los investigadores, Pont, Aguirre, Viero, Sánchez y Rodríguez formaban “parte de una organización criminal destinada a la captación, traslado y acogimiento de un número indeterminado de mujeres con fines de explotación sexual”.
De acuerdo con el pedido de procesamiento, al que tuvo acceso PERFIL, Pont “prestó una colaboración en la trata y explotación de al menos doce mujeres identificadas en la causa, desde una fecha incierta, aunque puede afirmarse que de manera ininterrumpida y en las mismas condiciones al menos desde el 17 de junio de 2010 hasta el 10 de enero del año 2016 en el caso de Roxi y el hotel Momentos”.
Los fiscales destacaron que “debe reprochársele no haberse excusado de intervenir en al menos cinco expedientes” e “imputársele haberse excusado mediante un dictamen carente de la fundamentación exigida por la normativa vigente”.
Además, entendieron que retardó “deliberadamente las investigaciones bajo su instrucción que tuvieron por objeto los prostíbulos explotados por esta organización criminal pese a las pruebas que apremiaban la adopción de medidas de corte jurisdiccional urgentes”.