No pueden justificar el ingresos de $ 22 millones

Los fiscales que investigan esta red de trata de personas que captaba y explotaba menores para explotarlas sexualmente recibieron un informe contable que indica que tres de los principales imputados en la causa tuvieron ingresos por más de 22 millones de pesos en un plazo de seis años.

“En el Legajo 5 de la Causa 7789/15, surge que de la totalidad de la suma dineraria ingresada a sus patrimonios entre los años 2010 y 2016, $ 22.345.678,55 es el monto estimado que no tendría origen en actividades lícitas y declaradas ante la AFIP, y que consecuentemente podrían provenir de la actividad investigada”, se indica en el pedido de procesamiento.

Por esa razón, los fiscales intervinientes pidieron que “se decrete el embargo preventivo de bienes de Ricardo y María Clelia Espada (una de las encargadas de los prostíbulos) hasta alcanzar la suma total de $22.345.678 pesos”.

La misma medida, aunque por una suma mucho menor, pidieron contra el ex fiscal Benito Antonio Pont, su cuñado José María Viero y otros seis imputados en la causa. Según el dictamen, solicitaron que se decrete el embargo preventivo de bienes, a fin de asegurar el decomiso de los instrumentos y productos del delito, por una suma total de 500 mil pesos.

Los fiscales pretenden que ese dinero sea destinado a la reparación de todas las víctimas de esta causa.