Anatomía de una crisis política
El caso Maldonado evidencia las defensas bajas del sistema. De la lenta reacción del Gobierno y la no reacción del Congreso.
pueden convertirse en una crisis de significativa importancia.
Ahora que el semanario británico The Economist le ha dedicado una columna en su edición en papel, pocos en el gobierno dudarán de que el caso Maldonado es, en efecto, una crisis política de envergadura y con repercusiones internacionales. Hace semanas que muchos inversores con activos financieros o proyectos en la economía real venían preocupándose
por esta cuestión, sorprendidos por la tibia reacción de una administración que ha mostrado repetidamente una notable incomodidad para dar cuenta de cuestiones de orden público que no considera prioritarias, o no forman parte de las preocupaciones más significativas de su base de votantes. Es interesante que, originalmente, quien habló del tema fue Patricia Bullrich, a cargo de Seguridad. El propio Gobierno derivó luego la cuestión al área de Justicia, más precisamente al secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj. Es decir, en vez de considerarlo como una cuestión de inseguridad ciudadana, la propia administración Macri terminó convalidando que se trata de un potencial caso de desaparición forzada de persona, como figura en la carátula de la investigación. Si eso es así, ¿no amerita acaso que el propio Presidente le hable al país explícitamente del caso Maldonado?
Otro poder que está sorprendentemente paralizado es el Legislativo. Más allá de alguna sobreactuación durante el informe regular que realizó Marcos Peña como jefe de Gabinete, y de alguna chicana marginal en el marco de una campaña electoral también desactivada al menos por ahora, el Congreso también parece resignado a enterarse y seguir el desarrollo de la crisis por los medios de comunicación. ¿No podría una comisión de legisladores facilitarle al juez a cargo de la investigación las condiciones para ingresar a las “tierras sagradas” mapuches negociando un conjunto de reglas de empeñamiento para evitar cualquier tipo de exceso o malentendido? ¿Cómo puede ser que la Justicia Federal no pueda revisar una zona crucial para esclarecer el caso?
En el país donde con un simple corcho se pretende tapar el caso Odebrecht, donde ni siquiera sabemos fehacientemente el día en que murió Alberto Nisman, ni si fue en efecto asesinado (mucho menos el autor material o intelectual de ese potencial crimen), nadie puede sorprenderse de que la Justicia Federal sea parte del problema y no de la solución. Pero que el juez pretenda manejar esta compleja situación a la distancia, desde su cómoda oficina en Bariloche, parece un exceso, aun para los lamentables estándares a los que nos tienen acostumbrados.
E s c ier to que, i mpoten - te frente al resultado de las PASO, sobre todo frente a la leve pero perceptible recuperación económica, el kirchnerismo, la izquierda dura y otras expresiones de la fragmentada oposición se aferran al caso de Santiago Maldonado con la esperanza de que tenga algún impacto efectivo en el proceso electoral. ¿Explica esto la poca voluntad de cooperación con la investigación demostrada por su propia familia, así como por la comunidad mapuche involucrada en este conflicto? Seguramente la profunda desconfianza entre todas las par tes, alimentada por la insensibilidad de un gobierno ajeno y distante, constituya una razón de más importancia. Pero las crisis exponen también lo peor de los sistemas políticos (y de las personas que lo integran): los egoísmos más extremos, las miserias peor disimuladas, el desparpajo para ocultar o mentir si fuera necesario.