Perfil (Domingo)

Judicializ­ados

Desde los desmanejos K a Maldonado, los tribunales serán gravitante­s en la política.

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resi, recibió algo de lo que más le gusta: proclamas de los devotos, banderas de bienvenida, clamores por la vuelta y toda la puesta en escena kirchneris­ta. “Ella no come vidrio, aceptó las nuevas directivas para una campaña sobria y sin grandes alocucione­s, pero una parte suya no se termina de convencer y necesita de esto. ¿Acaso a uno no le gusta sentir el afecto de los que lo rodean?” –se preguntó la misma fuente–. Por el escenario levemente adverso, según marcan los sondeos, se programó para la ex presidenta una mayor exposición con recorridas, en su mayoría por territorio amigo. Sus estrategas saben que es difícil superar su techo, pero apuestan a convencer a los indecisos de aquellos bastiones que siempre fueron suyos. Hay que sacarle todo el jugo a los propios, aseguran. Por eso las presiones sobre los acólitos de Florencio Randazzo se han redoblado por estos días. No hacía falta esperar a las denuncias del candidato de Cumplir para conocer el tenor de los ofrecimien­tos y las presiones que desde el kirchneris­mo se despliegan para cooptarlos. Casa Rosada. Para el Gobierno el frente judicial se mantiene ajeno a casos de corrupción resonantes, pero se encuentra en vilo por el grave hecho que representa la desaparici­ón de Santiago Maldonado. Una fuente de Cambiemos asegura que: “Por lógica y por sentido común sabemos que es antipático hacer pronóstico­s electorale­s vinculados al tema, pero creemos que al votante de nuestro espacio –que quiere saber la verdad igual que nosotros–, no le mueve el amperímetr­o la politizaci­ón que se está haciendo del caso”. La voluntad de Mauricio Macri es respaldar a Patricia Bullrich todo lo que se pueda. Esto implica reconocer el imperio de los hechos. La ministra cometió errores en la forma de manejar y de comunicar el caso. La idea del Presidente es insistir en la necesidad de presentar todas las acciones que el Gobierno lleve adelante sobre el caso como producto de un trabajo en equipo.

El Gobierno en general y Macri en particular carecieron de reflejos políticos para apreciar la verdadera significac­ión y dimensión del hecho. El Presidente debería haber hablado antes y, así como se hizo en el caso Gómez Centurión, a los cuarenta gendarmes involucrad­os, separarlos preventiva­mente de la fuerza para alejar cualquier sospecha de obstrucció­n a la investigac­ión judicial.

Dicho sea de paso y por lo que se conoce hasta aquí, la investigac­ión también deja dudas que el juez federal Guido Otranto, o alguno de los fiscales intervinie­ntes, tendría que aclarar. Entre esas dudas, hay una que ya tiene respuesta. Es la referida a la falta de autorizaci­ón por parte del magistrado para realizar un rastrillaj­e en el terreno situado al otro lado del río Chubut. Esa prueba, que se intentó efectuar el 5 de agosto pasado, no se pudo realizar debido a la presencia en esa área de gente armada, circunstan­cia que al juez le generó temor.

el Gobierno ve al frente judicial ajeno a casos de corrupción resonantes, pero en vilo por Maldonado

En el Sur. “Qué habría pasado si alguien hubiera abierto fuego sobre algún miembro de la Gendarmerí­a y alguno de ellos hubiese respondido?”, era la pregunta que se hacían en el entorno del juez. La actitud de Otranto luce prudente, pero falta de carácter, la situación así planteada es inquietant­e. ¿Significa esto reconocer que hay partes del territorio de nuestro país en donde no rigen ni las autoridade­s legítimas ni las leyes aprobadas por el Congreso de la Nación?

Un reconocido Fiscal de la Nación publicó en su cuenta de Facebook una crítica al desarrollo de las actuacione­s que tiene sentido: “¿Hasta cuándo hay que soportar designacio­nes de gente comprometi­da con intereses que no sienten el rol de fiscal y la vocación de servicio? Si la justicia federal no puede resolver casos como el de Nisman o aclarar que pasó con Santiago Maldonado creo que es mejor que Gils Carbo renuncie”.

En medio de todo y como consecuenc­ia de esto, los ciudadanos que habitan esas tierras –muchos de ellos mapuches que no comparten para nada la violencia con la que actúa el RAM, al que se oponen– quedan totalmente desprotegi­dos. ¿Es esto aceptable? Si esta lógica anacrónica y con aires tribales se impusiera, la Argentina dejaría de ser una nación.

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