Desde la perspectiva de género
Para evaluar políticas de género es necesario hacer dos aclaraciones previas. La primera es que políticas de género no son sólo las dirigidas a las mujeres; algo que debería resultar obvio desde la Ley de Identidad de Género pero sigue siendo la visión sesgada sobre el tema. La segunda es que aún las políticas focales hacia las mujeres comprenden mucho más que atención de violencia si queremos modificar las cuestiones estructurales de desigualdad que las afectan y constituyen el “sistema de violencia femicida”. Todas las violencias deben analizarse en ese contexto y no como violencia interpersonal y circunstancial.
Con estas aclaraciones, la evaluación de toda política pública debe ser hecha con perspectiva de género (trabajo, salario, acceso al crédito, salud, educación, vivienda, derechos humanos, participación política, ciencia y tecnología, por mencionar algunas). Basta contemplar el penoso debate sobre “desaparición forzada”, que ha tocado un punto sensible de nuestra memoria colectiva, pero después de tres marchas Ni Una Menos no logramos que sean vistas así las desapariciones de mujeres para ser explotadas en las redes de prostitución, aunque se ha constatado complicidad policial, política y judicial.
Para sintetizar mi evaluación del último año diré como algo negativo que la situación de las mujeres es gravísima en casi todos los indicadores sociales; y como algo positivo, que se está trabajando en algo muy poco visible que es crear los cimientos para atender estas situaciones de modo integral desde un Consejo Nacional de las Mujeres (CNM) que desde su creación fue paulatinamente degradado (durante el menemismo dependía directamente de Presidencia, en el gobierno de De la Rúa de Jefatura de Gabinete de Ministros, y durante el kirchnerismo fue ubicado bajo el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, cada vez con menos autonomía y alcance).
El CNM, con la presidencia de Fabiana Tuñez (reconocida feminista) cumplió una deuda que el país tenía desde 2014, que fue la creación del Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (2017-2019), ya que el organismo es responsable del diseño de las políticas públicas necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones de la ley 26.485. El Plan, focalizado en prevención y atención integral, es muy complejo y abarca 69 medidas y 137 acciones que deberían comprometer transversalmente a todo el Poder Ejecutivo y contar con presupuesto suficiente para llevarse adelante. Hubo algunos tropiezos con el presupuesto que muestran que esto no será fácil, porque una vez delegada la responsabilidad en el Ministerio de Desarrollo Social el resto debe ser sacudidos para lograr un compromiso efectivo.
La otra cuestión estructural muy importante es el decreto 698/2017 del 5/9/2017, cap II, que crea el Instituto Nacional de las Mujeres (INAM) como organismo descentralizado. Con el habitual lenguaje androcéntrico (que debería modificarse en todo instrumento público) dice que el INAM estará a cargo de “un director ejecutivo con rango y jerarquía de secretario”, designado por el PEN. Le da autonomía financiera (muy relevante) y un alcance mayor a sus capacidades con autonomía para el diseño y aprobación.
La construcción de cimientos luce poco, pero es imprescindible para enfrentar los desafíos estructurales de las cifras de desigualdad. Pensando en políticas de salud sexual, debemos decir que a pesar de los avances legislativos –y considerando que la Ley de Identidad de Género se promulgó en 2012 pero el acceso a la salud se reglamentó recién en mayo de 2015– deberían incluirse las prácticas médicas, hormonales y quirúrgicas en el Plan Médico Obligatorio pero hay dificultades de protocolo en varias provincias y resistencia de las obras sociales y medicina prepaga. Faltan datos confiables sobre la población objetivo. En salud pública, muchas veces se usan insumos (hormonas e implantes mamarios) de servicios de oncología. Y falta información para la población.
La diferencia de género entre varones y mujeres es palpable en la anticoncepción quirúrgica: en 2016 se realizaron sólo 97 vasectomías contra 12.976 ligaduras tubarias en establecimientos públicos, a pesar de que la vasectomía es ambulatoria y mínimamente invasiva y la ligadura no. Pese al fallo FAL de la Corte, sigue habiendo barreras arbitrarias en el acceso al aborto no punible. La mortalidad materna es tremendamente dispar entre provincias, y el aborto inseguro es la primera causa.
La Asignación Universal por Hijo amplió su alcance, y comprende a las monotributistas. Como efecto virtuoso, incidió en una mayor escolarización sobre todo en educación inicial, pero agudizó la necesidad de establecimientos adecuados. La moratoria previsional lanzada en diciembre de 2008 tuvo un 87% de mujeres con promedio de edad 72 años. Fue suspendida en septiembre de 2016 pero se extendió sólo para mujeres hasta 2019. La desocupación afecta más a las mujeres, el trabajo informal también, y las mujeres ganan mucho menos que los varones: 27% en el sector formal, 40% en el informal.
De los 765 mil jóvenes que no estudian ni trabajan ni buscan empleo (“triple ni”), 589 mil son mujeres (dos tercios). El crecimiento del embarazo adolescente es una de las causas: ojo, esas adolescentes cuidan, pero eso no es considerado trabajo. Las asignaciones diferenciales de género en las responsabilidades de cuidado requerirían políticas integrales para abordar esta desigualdad, como guarderías, licencias por paternidad, apoyo económico para cuidar. Problemas conceptuales y de vieja data. Hay que esperar un poco más para evaluar resultados. *Doctora en Filosofía UBA. Directora del Observatorio de Género. en la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires.