Definen el procesamiento de Gils carbó antes de octubre
El juez debe resolver la situación de la procuradora por la compra de un edificio, en la que se pagaron comisiones millonarias.
La suer te judicial de la jefa de los fiscales, Alejandra Gils Carbó, se definirá en las próximas semanas. Una visita al edificio que compró la Procuración y por el que se pegaron generosas comisiones comprometería a la funcionaria. Su presencia en la sede de Perón 667 un mes antes del llamado a licitación parece clave para los investigadores judiciales a la hora de pensar en su procesamiento.
En el horizonte asoman los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública o defraudación al Estado. Por ahora, el juez federal Julián Ercolini, a cargo de la causa, analiza las pruebas y resolverá su situación antes de las elecciones.
Otra causa también aguarda definiciones: es la que analiza si la procuradora terció para que excluyeran a Lázaro Báez de un dictamen inicial en la
una visita previa al edificio de la procuración complica más a Gils Carbó.
causa por la ruta del dinero K. La UIF pidió allí su indagatoria, aunque pelea en la Cámara de Casación su rol de querellante.
Pero el futuro de Gils Carbó no se analiza sólo en los tribunales federales. En paralelo, el juez en lo contencioso administrativo Pablo Cayssial se hizo cargo del expediente en donde se analiza si hace falta un juicio político para remover a un Procurador General. El Gobierno ya dejó asentado en la causa que no sería necesario recurrir a un proceso que se ventile en el Senado, con una mayoría de las dos terceras partes. Gils Carbó, en cambio, sostiene que su cargo debe equipararse con el de un ministro de la Corte Suprema de Justicia. El edificio. El 31 de agosto pasado, Gils Carbó fue indagada en la causa que analiza
En marzo de 2013, Gils Carbó autorizó la compra del edificio de Perón 667.
Sin licitación aún, Arfinsa, dueña del edificio, contrató como asesora a la inmobiliaria Jaureguiberry.
Esta a su vez contrató a un productor de seguros: Juan Carlos Thill, medio hermano de Guillermo Belligni, subdirector general de la Procuración.
Arfinsa cobró más de $ 43 millones de la Procuración. Y pagó $ 7,7 millones en comisiones, 3 de los cuales fueron para Thill.