La caja platense, otro foco de corrupción en la Bonaerense
En un año y medio descabezaron a la Departamental e intervinieron dos veces la comisaría 1ª. Policías fantasma y mucho dinero guardado.
La Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad de Buenos Aires tiene su sede en la ciudad de La Plata, pero no atiende en el viejo edificio cercano al bosque, donde están los despachos del ministro Cristian Ritondo y el jefe de la Bonaerense, el comisario general Fabián Perroni. El organismo encargado de controlar a los 93 mil efectivos funciona en una zona tan céntrica como estratégica, ubicada entre la Municipalidad y la Gobernación: allí se tramitan retiros, se discuten las exoneraciones y hasta se planifican los operativos en las dependencias sospechadas por casos de corrupción.
Asuntos Internos está a escasas cuadras de la Comisaría 1ª y la Departamental de La Plata, dos dependencias que están en el ojo de la tormenta por las mafias policiales. La cercanía entre las tres sedes (ver infografía) conforma un triángulo que refleja la peligrosa impunidad con la que se mueven algunos miembros de la fuerza.
En un año y medio, la seccional del centro fue intervenida dos veces por presuntas irregularidades en el manejo de las horas adicionales del personal (Polad), y la Departamental, descabezada por completo a raíz del escándalo de los sobres con el dinero “sucio” de la Bonaerense (ver aparte).
Esta semana siete policías de la 1ª fueron apartados después del hallazgo de 800 mil pesos en una caja fuerte. En marzo del año pasado, cuando se produjo el robo a la casa del intendente local, Julio Garro, fue detenido el oficial Patricio Masana, uno de los encargados de coordinar el pago de las horas extras en la misma comisaría. Masana llevaba un nivel de vida que estaba muy por encima de los ingresos que declaraba: vivía en un country de City Bell, viajaba al exterior con llamativa regularidad y manejaba un coche importado. “Hoy cambian los actores pero la lógica sigue siendo la misma”, explica a PERFIL el director de Asuntos Internos, Guillermo Berra.
Entre los nuevos sospechados, está el actual titular de la 1ª, el comisario Pablo Orgoñez, y los oficiales que coordinaban el pago de los adicionales: Cristian Ojeda y Diego Martínez.
Según las fuentes consultadas por PERFIL, el jefe de la dependencia tiene ocho sumarios en su legajo, algunos de vieja data y otros activos de este año que están bajo investigación. El más reciente podría derivar en su exoneración, como sucedió con el anterior comisario desplazado de la misma seccional, Marcelo Cifuentes, y su segundo, el subcomisario Carlos Arias.
La sospecha es que parte de la plata encontrada en la caja fuerte iba a parar a los bolsillos de los encargados de administrarla. “Estamos investigando tanto el patrimonio del titular como el de los dos coordinadores”, admite uno de los voceros consultados.
Orgoñez sólo pudo justificar 230 mil pesos de los 800 mil que guardaba en el despacho. Según las fuentes, el titular habría argumentado que ese dinero estaba destinado al pago de adicionales adeudados, pero curiosamente no contaba con
un listado de los beneficiarios que sostenga su versión.
A raíz de ello, Asuntos Internos convocó a 25 efectivos de los 67 que presuntamente debían cobrar las horas Polad. Diez de ellos no dieron señales de vida. Y eso que uno fue notificado para pasar a retirar 60 mil pesos.
El invisible. Un caso sorprendente es el del policía “fantasma” que cobraba un sueldo extra. Los datos aportados por los encargados de la seccional no coincidían con los registros del personal que tiene el Ministerio. Nadie sabe quién es.
Sólo tres de los uniformados convocados después del allanamiento a la Comisaría 1ª pudieron percibir los adicionales. Curiosamente, reportaban a otro administrador.
Las planillas de presentismo también mostraban irregularidades: sólo un efectivo reconoció como propia la firma que figuraba en su casillero, aunque increíblemente su esposa –que es también policía– lo contradijo. Otra anomalía fue detectada en la ronda de declaraciones a tres matrimonios de policías que casualmente trabajan en la misma dependencia y hasta cubren los mismos objetivos adicionales. Todos cobraban el tope de horas mensuales (240) y prestaban servicio en el mismo lugar, los mismos días y la misma cantidad de tiempo. Curioso. Y eso no es todo: una de las mujeres no supo qué responder cuándo le preguntaron dónde realizaba las horas adicionales que estaba cobrando. No sabía.