Caputo presionó en energía para moldear una licitación
El Ministerio de Energía cambiará la forma en que se asignan los millonarios subsidios al gas. A partir del año que viene, las transferencias del Estado al sector gasífero, que este año totalizarán cerca de US$ 2 mil millones, se canalizarán directamente a través de la demanda residencial –las subvenciones se otorgarán a las distribuidoras, con Metrogas, Gas Natural Fenosa y Camuzzi a la cabeza–, en lugar de subsidiar a las grandes productoras como YPF, Pan American Energy (PAE), Total, Wintershall y Pampa Energía.
El cambio en la instrumentación de los subsidios está lejos de ser un retoque formal. Según como se instrumente, podría afectar a la baja el nivel de inversión en los yacimientos de gas durante el año que viene, tanto en los campos ya maduros como en Vaca Muerta y otros proyectos no convencionales, la gran apuesta del Gobierno.
El proceso tampoco está exento de fricciones entre el titular del área energética, Juan José Aranguren, y las petroleras privadas. No hay que restarle importancia a la faceta personal: la génesis de la desconfianza entre el ministro y las empresas productoras de petróleo y gas se remonta a cuando éste negociaba como presidente de Shell el precio interno del petróleo con las grandes petroleras como YPF y PAE, que es controlada por la familia Bulgheroni. A contramano de lo que muchos creen, el desembarco de Aranguren en la función pública exacerbó Con la adjudicación de dos proyectos de cogeneración por 406 megawatt (Mw) en una licitación pública, Central Puerto, una de las mayores empresas eléctricas del país, que ubica entre sus accionistas a Nicolás Caputo, impuso sus intereses por sobre los criterios definidos por Juan José Aranguren. Es la primera vez que la compañía del mejor amigo del presidente Mauricio Macri prevalece sobre el ministro de Energía.
Lejos de algún favoritismo, la relación de Aranguren con Caputo fue tensa desde el minuto cero. El empresario pulseó hasta último momento para designar a hombres de confianza en el área de Energía Eléctrica. Macri bendijo a Aranguren, que puso su gente. Durante la primera licitación para instalar centrales pequeñas de generación eléctrica –se buscó atender la emergencia del sistema con plantas de rápido ingreso–, Central Puerto presentó un megaproyecto de 1.800 Mw que no respetaba los requerimientos del pliego. Pese a la presión de Central Puerto, la iniciativa fue desafectada.
Esta vez la historia fue dife- rente. Tras la presentación de ofertas en la licitación lanzada bajo el paraguas de la resolución 287, Guillermo Reca, accionista controlante de Central Puerto, presentó una nota en el ministerio cuestionando la metodología técnica de evaluación de proyectos diseñada por Energía. Reca contó con el respaldo de Miguel Acevedo, presidente de la UIA, que está casado con una de las hermanas de Roberto Urquía, dueño de la cerealera AGD y socio ocasional de Central Puerto en uno de los proyectos de cogeneración en Terminal 6, que se terminó adjudicando. Acevedo y Reca cuestionaron la fórmula polinómica incluida en el pliego licitatorio por el equipo de Aranguren para seleccionar las obras ganadoras. El lobby de los empresarios causó amplio malestar entre otros grandes jugadores del sector eléctrico, como Pampa Energía e YPF, que fueron obligados a presentar en una segunda ronda una mejora de oferta de sus proyectos. La segunda vuelta se lanzó esta semana. Lo más lógico hubiese sido –según la opinión de los empresarios– mandar a todas las empresas a una segunda vuelta.