La vuelta de Sala a la cárcel genera tensión y polémica con el Gobierno
Tras estar 45 días con prisión domiciliaria, fue trasladada por negarse a un chequeo médico. El ministro Garavano se despegó de la decisión para evitar roces con la CIDH.
El fallo de un juez jujeño que ayer ordenó el regreso de la dirigente social Milagro Sala a la cárcel de Alto Comedero causó sorpresa y generó polémica, porque si bien el beneficio del arresto domiciliario le había sido revocado hace una semana, el fallo no se podía aplicar hasta que no estuviera firme.
Pablo Pullén Llermanos, uno de los magistrados que la investiga en causas por corrupción, argumentó que la líder de la Tupac Amaru quebró el principal requisito de la prisión domiciliaria: negarse a someterse a un chequeo médico para controlar su estado de salud. La abogada de Sala, Elizabeth Gómez Alcorta, calificó el traslado como un “secuestro” y denunció que Sala fue golpeada en el penal. “Tiene contusiones y moretones”, explicó.
El ministro de Justicia, Germán Garavano, desligó al poder político de la decisión y anticipó que si encuentran irregularidades en la resolución de Pullén Llermanos harán una presentación ante la CIDH, el organismo internacional que hace tres meses sugirió la libertad para Sala y encomendó que al menos obtuviera arresto domiciliario hasta tanto no haya una condena en su contra.
El fallo del magistrado jujeño elevó la tensión con la Or- ganización de Estados Americanos, a la que pertenece la CIDH. Ayer, el presidente de la Comisión, Francisco Eguiguren, consideró que quitarle el beneficio del arresto domiciliario a Sala es un retroceso grave. Y anticipó que evaluarán recurrir a la Corte Interamericana, cuyos fallos tienen mayor peso jurídico internacional y está considerado una falta seria no cumplirlos.
Por eso, las palabras de Garavano se interpretaron más como un mensaje conciliador hacia afuera del país. En el gabinete de Mauricio Macri creen que el caso no puede perjudicar la performance electoral de Cambiemos. Después de las elecciones se producirá la sesión de la CIDH en Montevideo, y la defensa de Sala tendrá una reunión con autoridades del organismo. Operativo. Ayer, a las siete de la mañana, un comando del grupo de operaciones especiales de la policía jujeña irrumpió en la casa de Sala, en las afueras de la capital provincial, y la trasladó al penal. Ella denunció que fue llevada en pijama y descalza, pero el juez lo desmintió. A Sala la pusieron en un auto sin patente, algo que llamó la atención de los abogados. Al contrario de Garavano, la abogada de Sala vinculó directamente al poder político provincial y nacional con la medida. “La quieren muerta. Hago responsable a Morales, Macri y al juez”, advirtió.
Lo único que podría descomprimir la situación es que la Cámara de Casación, hasta donde fue la semana pasada la defensa de Sala para impedir que le revoquen la prisión domiciliaria, intervenga con un fallo a su favor.
Sala está acusada de varios delitos de corrupción, entre ellos el de asociación ilícita y fraude a la administración pública. La discusión, en la que intervino la CIDH, tiene que ver con la prisión preventiva. Para el organismo hubo, en este caso, un abuso y arbitrariedad. Morales sostuvo, más de una vez, que Sala está presa por los delitos que cometió.