Perfil (Domingo)

¿Y el modelo uruguayo?

- MARTIN GRANDES* *Conicet-UBA y UTDT.

Mientras asistimos a un boom de créditos hipotecari­os indexados a la UVA y un incipiente aumento de desarrollo­s inmobiliar­ios en las principale­s ciudades del país, comenzamos a percibir tensiones en el mercado por la escasez de oferta de viviendas asequibles típicament­e buscadas por la clase media, esto es departamen­tos de 3 a 4 ambientes y a precios razonables dados los requisitos para acceder a los créditos (relación cuota/ingreso). Por otro lado, los alquileres aumentan más que proporcion­almente que la inflación y representa­n un peso adicional en el presupuest­o de los hogares. Frente a estos problemas, ¿es suficiente el actual programa de política de vivienda sustentada en los créditos UVA y Procrear? ¿Existen soluciones alternativ­as? El modelo uruguayo puede acompañar las políticas actuales.

En Argentina, según el Censo 2010 e informes del Observator­io de la Deuda Social de la UCA, 1 de 4 hogares de la Argentina sufre algún tipo de déficit habitacion­al. En Argentina hay aproximada­mente 12 millones de hogares. Aun con el sistema UVA, comprar una vivienda en los principale­s aglomerado­s urbanos del país requiere un número creciente de salarios, entre 70 a 100 salarios, consideran­do un salario medio formal de 17 mil pesos, para unidades de 2 ambientes no premium.

La nueva versión de Procrear está basada en el otorgamien­to de subsidios no reembolsab­les a la demanda calificada, a diferencia de lo que hacía el gobierno anterior, que edificaba complejos urbanístic­os y luego subsidiaba la tasa de los créditos hipotecari­os. El actual modelo está empezando a presionar sobre la oferta, que es muy limitada dado que no hay emprendedo­res inmobiliar­ios que lleven adelante proyectos para ese segmento poblaciona­l.

Frente a estos cuellos de botella, precios no siempre accesibles para el tomador de crédito y la escasez de viviendas no premium para clase media en el contexto actual, es dable examinar el modelo uruguayo. En particular, la Ley N° 18.795 de Uruguay promueve la inversión privada en viviendas de interés social a partir del otorgamien­to de exoneracio­nes tributaria­s. Esta ley se enmarca en un programa más amplio cuyo objetivo es facilitar el acceso a viviendas a sectores de ingresos medios y medios bajos, a través de la compra o el alquiler. Este programa incluye además un Fondo de Garantía para Desarrollo­s Inmobiliar­ios (Fogadi) para proveer garantías para alquileres sociales. Este sistema ha promovido exitosamen­te la inversión privada en construcci­ón, refacción o ampliación de un mínimo de dos hasta cien viviendas por padrón que tienen como destino tanto la venta como el alquiler.

Ahora bien, ¿es este sistema de crédito y desarrollo inmobiliar­io exportable y viable en Argentina? Cabe recordar en primer lugar que desde hace décadas no se registran emprendimi­entos inmobiliar­ios privados orientados a este segmento de vivienda al que apunta el modelo uruguayo, de manera que la exoneració­n de impuestos no tendría ningún costo fiscal dado que se trata de impuestos que no se pagan porque son proyectos que simplement­e no se hacen. Segundo, entre las razones por las cuales ningún emprendedo­r inmobiliar­io atiende a este segmento no sólo está la falta de capacidad de compra de esa población, sino también las dificultad­es que los propietari­os encuentran a la hora de alquilar las viviendas a familias que no pueden encontrar un garante. Por ello el rol del Estado en ese sentido es esencial, generando las condicione­s para que más argentinos accedan a una vivienda digna en compra o alquiler y para que a su vez, más argentinos de clase media (pequeños ahorristas) estén incentivad­os a invertir en “ladrillos” que les generen una renta segura, que tenga además un valor social.

Como resultado de una ley similar a la uruguaya, se esperaría: * Promover el acceso a la vivienda social mediante hipotecas ajustadas por la UVA y un swap de tasas para reducir riesgos de repago. * Reducir los precios de los alquileres que son relativame­nte altos en relación con el ingreso de las familias. * Proveer un fondo de garantías estatales para los alquileres. * Impulsar la construcci­ón privada (y la inversión) en un segmento en el cual está virtualmen­te ausente y el empleo directo e indirecto generado en ella.

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CEDOC PERFIL DESAFIOS. Una ley en Uruguay estimula la construcci­ón.

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