La fiscalía española acusará mañana a los líderes secesionistas por rebelión
La acusación alcanzará a todo el Govern y a la mesa del parlament que votó la declaración de independencia. la penas van de 25 a 30 años.
El cerco judicial ya se cierra sobre los líderes de Junts pel Sí. La Fiscalía pedirá mañana la detención del ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y de su vicepresidente, Oriol Junqueras, tras la declaración de la independencia unilateral. Acusará de rebelión a todos los consejeros del Govern y a la Mesa del Parlament que sometió a votación la propuesta de secesión, aprobada por setenta votos.
La querella que ultima por estas horas el departamento dirigido por José Manuel Maza y que recaería en el Tribunal Supremo puede acabar finalmente en manos de la Audiencia Nacional, ya que los funcionarios perdieron sus fueros al ser destituidos por el presidente español Mariano Rajoy. El Palacio de la Moncloa evitó ayer pronunciarse sobre las declaraciones de Puigdemont, al afirmar que la calificación de sus conductas “corresponde al ámbito judicial”.
La Fiscalía imputará a los líderes del Govern de rebelión, que contempla entre 15 y 25 años de prisión. La querella lleva días ultimándose y se presentará mañana ante el tribunal que se declare com- El vice y el president de Cataluña, Oriol Junqueras y Carles Puigdemont. petente. “Llegado el momento, las acciones se ejercerán contra todos quienes hayan participado en los hechos”, aseguraban fuentes de la fiscalía antes de la votación. Ahora comienza la ardua tarea de “concretar la impu- tación” que se asigna a cada uno de los protagonistas, con un abanico de delitos que van de la ya mencionada rebelión urna dos misteriosas abstenciones que dificultan determinar el sentido de voto de cada uno de ellos.
La Fiscalía despejó también las dudas sobre el requisito de “violencia” que recoge el delito de rebelión. Se reserva para quienes se levanten “violenta y públicamente para derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución o declarar la independencia de una parte del territorio nacional”. Pero la fiscalía denunciaría acciones “coactivas” y “coercitivas” en aplicación de una estrategia diseñada desde la cumbre del Govern, que permitiría la imputación de esa figura penal.