Poder quebrado
Se revela cómo el respaldo político fue clave en delitos. Pacto con límites.
Si no fuera porque se trata de la más cruda realidad, la dinámica de las causas judiciales que comprometen a lo más granado del kirchnerismo parece alcanzar ribetes cinematográficos. La decisión de Alejandro Vandenbroele de acogerse a los beneficios del régimen del arrepentido sorprendió a muchos en una causa sensible para el ex vicepresidente Amado Boudou. Y su decisión de adelantar su declaración del viernes al miércoles confirmó su clara determinación de ingresar en el programa de protección lo antes posible. Durante las más de nueve horas que pasó en la fiscalía de Jorge Di Lello para empezar a revelar lo que sabe, confirmó su participación en hechos que había negado durante cinco años. Como era de esperarse, pues, abordó en detalle las tres causas en las que está imputado: la asociación ilícita por la que terminaron presos Boudou y su socio y amigo José María Núñez Carmona, el negocio entre la empresa The Old Fund y la provincia de Formosa –supuestamente dirigido a un asesoramiento para refinanciar su deuda– y el resonante caso de la compra de la imprenta de billetes Ciccone Calcográfica.
Cuando a las 14.40 del viernes Vandenbroele logró la homologación del acuerdo ante el juez federal Ariel Lijo, se sintió aliviado. Inmediatamente, Lijo impuso el secreto de sumario. Fuentes con acceso a la causa confirmaron que el ahora arrepentido aportó documentos y detalles de cada operatoria, y que la información que suministró en las tres causas es verosímil.
Lo que sigue ahora es el proceso de corroboración de la veracidad de lo declarado por el supuesto testaferro de Boudou. Por otra parte, se hizo hincapié en que de la cantidad de datos aportados se deberá determinar si hay elementos nuevos, ya que mucho de lo dicho por Vandenbroele ya constaba en la causa.
De por sí es importante que Vandenbroele haya confirmado lo que la investigación judicial ya había comprobado. ¿Qué llevó a este personaje a cambiar de opinión? Fuentes cercanas a la fiscalía aseguran que, más allá de otras razones, “la sensación de impunidad y la idea de que la hora no va a llegar se mantiene hasta que se producen las primeras detenciones. Ahí le cambia la cabeza al imputado, que hasta hace poco no creía posible que se quebrase el círculo de protección política. Boudou esposado y en pijama, Julio De Vido detenido y CFK mirando para otro lado son elementos de una realidad pesada para cualquiera que tenga que rendir cuentas a la Justicia”.
Entre las novedades de impacto político provenientes del ámbito judicial también hay que anotar la destitución de Eduardo Freiler, integrante de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal. Freiler –un hombre que amasó una fortuna que de ninguna manera pudo justificar– fue un ícono de la corrupción en los ámbitos tribunalicios. Una condición que aniquiló cualquier posibilidad de independencia del magistrado que ató su suerte al kirchnerismo, al que defendió contra toda lógica y evidencia. Entre sus fallos objetables están el cierre del caso Skanska –hoy reabierto–, en el que se investigaba el pago de sobreprecios millonarios en la ampliación de los gasoductos Norte y Sur; el cierre de la investigación sobre la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman por traición a la patria contra Cristina Fernández de Kirchner y Héctor Timerman debido a la firma del acuerdo con Irán vinculado al atentado contra la AMIA; y el voto a favor del apartamiento del juez federal Claudio Bonadio de la causa Hotesur contra CFK y su familia. Fue esta necesidad de protección la que llevó al kirchnerismo duro a sostener en el cargo a un juez cuyas conductas eran indefendibles. Lo de Freiler conlleva un mensaje para otros jueces de Comodoro Py: la protección de corruptos no se tolera más. Y esto es consecuencia de un estado de situación de la sociedad que trasciende a la dirigencia política. ¿Fue histórico el acuerdo con los gobernadores? Si se considera al acuerdo una muestra de la capacidad de diálogo de la dirigencia política en funciones de gobierno, tanto de oficialistas como de opositores, probablemente la respuesta debe ser sí. La mirada hacia el futuro es tal que, entre otros beneficiados, podrían estar los propios gobernadores y líderes peronistas con chances de llegar al poder y que pretendan un federalismo algo más ordenado y, por ende, real y eficaz. Sin embargo, desde el punto de vista técnico y de resultados concretos a corto plazo, hay varios puntos objetables.
Un reconocido economista que estuvo al tanto de las ne- gociaciones lo definió como “un acuerdo relativo y apresurado”, al tiempo que reconoció que fue “un avance, ya que los gobernadores cedieron o prometieron no incrementar sus gastos más allá de los ingresos”. En verdad, ése fue el verdadero compromiso entre Nación y provincias. El resto tuvo mucho de sacar de un lado para poner en otro. Por ejemplo, lo que las provincias cedieron de Ingresos Brutos lo recuperarán por recomposición de cajas previsionales y varios etcéteras, donde la Nación sigue poniendo plata. Hubo cierto apuro por la foto. Ese era un deseo y un mandato del Presidente.
Puertas adentro del Gobierno, los cambios produjeron turbulencias. El sector bancario terminó enfurecido con el impuesto a la renta financiera. Creen que este impuesto afectará las colocaciones a plazo fijo y que el mínimo no imponible quedó muy cerca de los pequeños y medianos ahorristas. Hoy cualquier cero kilómetro de entrada de gama cuesta $ 300 mil. Técnicamente, los detractores de la medida sostienen que el impuesto no ayuda a un país donde la bancarización alcanza apenas al 15% del PBI.
Por su parte, el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, volvió a ser blanco de las críticas por sostener una tasa de 29,5% a 180 días con tal de balancear la lucha contra la inflación. Los propios gobernadores advirtieron “no nos pidan reactivación inmediata si esto va a seguir así”.
El ministro de Producción, Francisco Cabrera, y el secretario de Comercio, Miguel Braun, fueron los primeros en volver a la carga contra el titular del Central. Es una disputa sorda que el Presidente deja seguir. Creer que solamente con las decisiones de política monetaria que adopte Sturzenegger se va a corregir la inflación es un error. Es lo que enseñan los libros de economía y la historia.
Lo de Freiler es un mensaje para otros jueces de Comodoro Py: no más protección a los corruptos
Producción periodística: Santiago Serra.