Justicia para Mónica y el legado de su padre
El 14 de mayo de 1976 Mónica Mignone fue secuestrada por un grupo de las Fuerzas Armadas. Tenía 24 años, era psicopedagoga y trabajaba en la villa del Bajo Flores. Desde su desaparición, Emilio y Chela Mignone realizaron gestiones ante autoridades eclesiásticas, militares y judiciales para conocer el paradero de su hija. Algunos años después, se supo que estuvo detenida en la Escuela de Mecánica de la Armada. Su caso fue juzgado por primera vez en la causa ESMA Unificada, que terminó esta semana con 29 condenas a prisión perpetua, nueve condenas a penas entre 8 y 25 años, y seis absoluciones. Su desaparición obtuvo justicia después de más de cuarenta años, y, además, gestó a uno de los más lúcidos activistas del movimiento de derechos humanos de Argentina y de la región, Emilio Mignone, cuyo legado trasciende esta sentencia histórica de la que no pudo ser testigo.
En el camino de búsqueda de verdad, justicia y reparación por la desaparición de su hija, Emilio fue comprendiendo la dimensión colectiva de la tragedia y compartiendo espacios de lucha con otros familiares. Así, comenzó su militancia en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y unos años después fundó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Junto a Augusto Conte, denunciaron el sistema del terror de la última dictadura militar en un texto escrito en 1981, “La doctrina del paralelismo global”, que sigue asombrando por su precisión. Conocedor de la burocracia estatal, Emilio instó siempre a denunciar judicialmente las desapariciones, a presentar peticiones en diferentes ámbitos oficiales, incluso en plena dictadura. Estaba convencido de que la memoria institucional de esas intervenciones sería un registro útil en el futuro. Buscó utilizar todos los recursos institucionales, nacionales e internacionales, para denunciar y documentar los métodos represivos.
Luego de las leyes de impunidad y los indultos, Emilio advirtió las posibilidades abiertas por la confesión del capitán de la Armada Adolfo Scilingo, y solicitó la reapertura de las investigaciones sobre la base del reconocimiento del derecho a la verdad. Los juicios por la verdad volvieron a agitar la conciencia colectiva y reimpulsaron la demanda de justicia. Una conferencia anual del Centro Internacional por la Justicia Internacional de Nueva York lleva el nombre de Emilio.
Además de ser un actor central del proceso de rendición de cuentas en relación con nuestro pasado reciente, que aún hoy distingue a la Argentina en el mundo, Emilio pensó en la importancia de tener organismos fortalecidos para luchar por los derechos humanos en democracia. Se preocupó por construir una organización ajustada a principios, técnicamente sólida, eficaz en su labor y reconocida a nivel nacional e internacional, y por diversificar su base de apoyo convocando a personalidades destacadas de distintas ideologías y extracciones políticas “pero unidas en la defensa efectiva de la dignidad de la persona humana y de la convivencia democrática”, según escribió en un documento interno de 1994 en el que proyectó un CELS que lo trascendiera como fundador, con la generosidad y el compromiso social que siempre lo caracterizaron.
El secuestro y desaparición de su hija recorrió todo el camino del proceso de verdad y justicia: fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1977; en la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep); en el Juicio a las Juntas; en los juicios por la verdad; y finalmente en la causa ESMA Unificada. Más de cuarenta años después de iniciada la búsqueda de Mónica, la sentencia del caso ESMA cierra un círculo. Alcanzar la justicia por los crímenes de la dictadura significa para el CELS concretar su primer mandato institucional: pero su misión no concluye ahí: los desafíos del presente nos obligan a redoblar esfuerzos y repensarnos para seguir siendo una herramienta vital en procura de una democracia con vigencia plena de los derechos humanos. *Director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).