El oficialismo busca una ley para regular las prisiones preventivas
El Gobierno pretende avanzar en los primeros meses de 2018 con una nueva ley para regular las prisiones preventivas que terminaron con más de veinte ex funcionarios kirchneristas en la cárcel.
La idea que barajan en el macrismo es poder sancionar una norma que permita dejar menos librada a la interpretación judicial la aplicación de las prisiones preventivas.
La decisión se tomó luego de la oleada de detenciones que, en algunos casos, trajeron un fuerte debate interno entre los asesores jurídicos del presidente Mauricio Macri y hasta hubo quienes aseguraron que podría generarse un efecto boomerang con los funcionarios que hoy están en el gobierno. De hecho, en una entrevista para el canal América, el Presidente se mostró en contra de la medida.
En este sentido, uno de los proyectos que se debate, del diputado radical Luis Petri, tiene media sa nción pero duerme en la Cámara alta y podría perecer. Por ello, el ministro de Justicia, Germán Garavano, presentó su propia iniciativa en el Senado. Además, el diputado del PRO Daniel Lipovetsky presentará un tercer proyecto para que ninguna iniciativa pierda estado parlamentario, es decir, que caduque por falta de tratamiento.
El proyecto de Garavano, bajo el expediente 165-PE2016, plantea una modificación al Código Procesal Penal de la Nación y se encuentra en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado.
“No tuvimos los votos ni el consenso en ninguna de las dos cámaras para que se discuta. Esperemos que a partir de 2018 se empiece a debatir ya que son reformas de fondo que harán un sistema penal mucho más eficiente”, le explica a PERFIL una fuente del Ministerio de Justicia.
Por su lado, el proyecto que está terminando Lipovetsky se basa en los dos elementos que se toman en cuenta para una prisión preventiva: el peligro de fuga y el peligro de entorpecimiento. La idea central es poder regular las condiciones que tiene que considerar el juez, algo que no está regulado actualmente. “Hay que ser más estricto respecto a cuáles serían las situaciones, y no estamos planteando que se den todas juntas, sino que estén bien fundamentadas”, apunta Lipovetsky a este diario.
Otra cuestión clave tiene que ver con el tipo de delito: no todos ameritan la prisión preventiva, sino que, según los proyectos, solo deberían aplicarse en los más graves.
Las prisiones preventivas comenzaron a darse en forma masiva luego de un fallo de la Cámara Federal bajo la firma de Martín Irurzun, quien fundamentó la medida en el entorpecimiento de la causa para poner en la cárcel a Julio De Vido. En particular, por las irregularidades en el Yacimiento carbonífero de Río Turbio y la desaparición de un expediente en Santa Cruz. “No creemos que la doctrina Irurzun sea equivocada, pero tiene que haber criterios”, confía uno de los asesores letrados de la Casa Rosada. Otro aspecto a tener en cuenta es que la propia Corte Suprema de Justicia emitirá un fallo en 2018.