Perfil (Domingo)

Por un vacío legal, cierran una causa contra la corte

- PATRICIA BLANCO

Todo sucedió el mismo día en que Cristina Kirchner abandonaba la Casa de Gobierno sin querer entregarle el bastón de mando a Mauricio Macri. Ese 9 de diciembre de 2015, los ministros de la Corte Suprema de Justicia, hasta entonces bajo la lupa del kirchneris­mo, firmaron una polémica acordada: designaron como secretaria del máximo tribunal a Elena Cristina Nolasco Highton, hija de la jueza Elena Highton de Nolasco. “Elenita”, como se la conoce en el cuarto piso del Palacio de Tribunales, dejó la vocalía del presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, donde se había desempeñad­o por una década, y pasó a encabezar la por entonces flamante Secretaria Judicial de Relaciones de Consumo de la Corte.

El nombramien­to le valió una denuncia penal a Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y el fallecido Carlos Fayt (quien dejó el cargo en 2015 en una renuncia dedicada a CFK). A Elenita también, por haber aceptado el cargo. El abogado Patricio Kingston los acusó de nombramien­tos ilegales, dijo que el ascenso implicaba una “‘jerarquía, remuneraci­ón y trato” de camarista y habló de “un acto de corrupción bajo la forma conocida como ‘nepotismo’”. Pero la causa acaba de cerrarse, con una exhortació­n a la Corte a revisar el vacío legal descubiert­o en la investigac­ión.

Según la documentac­ión a la que accedió PERFIL, el juez Claudio Bonadio cerró la causa luego de que el fiscal Carlos Rívolo promovió la desestimac­ión de la denuncia tras encontrars­e con una paradoja: el decreto ley 1.285/58, que prohíbe a los tribunales nacionales nombrar a familia- res directos como funcionari­os a su cargo, no incluye a la Corte. Es decir, un juez de primera o segunda instancia no puede nombrar a un cónyuge o un pariente de cuarto grado de afinidad, pero sí los jueces de la Corte.

Además, la Constituci­ón “faculta a la Corte a dictar su reglamento interno”, incluido lo “relativo al nombramien­to y remoción de los funcionari­os y empleados”, señaló Rívolo. “En este caso no se daría la inhabilida­d en tanto no existe dependenci­a directa entre un secretario de la Corte y las vocalías del tribunal, que preside cada uno de sus ministros”, añadió. Fue así que, pese a terminar la causa, el fiscal señaló: “Ha quedado en evidencia la necesidad de que la Corte Suprema analice y revea el alcance de las inhabilida­des que afectan a funcionari­os y empleados de la Justicia nacional pero que escapan a la aplicación” de sus propios funcionari­os y empleados. Teléfono para el máximo tribunal.

el decreto que prohíbe a los tribunales nombrar familiares directos excluye a la corte

Fue nombrada en 2015 al frente de la Secretaría Judicial de Relaciones de Consumo.

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FOTOS: AFP ELENITA.

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