Gendarmes y 26 cámaras custodian a Milagro Sala
La dirigente de la Tupac amaru está con prisión domiciliaria en su casa del dique La Ciénaga, cerca de la capital jujeña. Todo empezó con el arresto por una protesta, pero ya acumula 15 procesamientos en su contra.
El martes se cumplirán dos años de la detención de Milagro Sala. Presa desde el 16 de enero de 2016, tras el acampe que duró 52 días en la puerta de la Casa de Gobierno de la provincia de Jujuy, hoy enfrenta un panorama judicial complejo: acumula 15 causas en la Justicia provincial y la federal. Actualmente, mient ra s c umple su detención domiciliaria en su casa del dique La Ciénaga, que cuenta con un complejo sistema de seguridad compuesto de 26 cámaras, gendarmes que rodean la propiedad y cerco perimetral alambrado, la organización Tupac Amaru denunció en un comunicado que su “detención es ilegal y arbitraria”.
En la ma ña na del 16 de enero, fuerzas de seguridad de la provincia, encabezadas por el ministro de Seguridad, Ekel Meyer, la detuvieron: la Tupac protestaba por el plan de regularización de cooperativas impuesto por el gobernador Gerardo Morales. La cuerda se tensó al máximo con la negativa de Sala a despejar al área y el rechazo de Morales a entablar un diálogo. En ese momento, el mandatario acusó a la líder de la Tupac de haber dirigido los fondos estatales destinados a planes sociales de manera discrecional durante la era kirchnerista e, incluso, de haberse quedado con parte de ese dinero.
Sala ingresó el 20 de enero al penal de Alto Comedero. Allí pasó su etapa más dura: denunció maltratos, torturas por parte de las guardiacárceles, e incluso comenzó una huelga de hambre que duró tres días y debió interrumpir por pedido de su familia.
Su detención configuró un serio traspié para la política exterior del gobierno de Mauricio Macri. A mnistía Internacional, el gr upo de trabajo de detenciones de la ONU, el titular de la OEA, Luis Almagro, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidieron por su liberación. Luego, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una medida provisional a favor de Sala. “La protesta es un ejercicio legítimo de la libertad de expresión que debe ser facilitado y no sujeto a criminalización u otras formas de represión”, sostuvo la CIDH en un comunicado en diciembre de 2016.
El 30 de agosto del año pasado, un mes después de la medida cautelar de la CIDH, la trasladaron a la casa del dique. El 14 de octubre, en pijamas y descalza, Sala fue devuelta al penal. Finalmente, desde el 15 de diciembre permanece en La Ciénaga, sede de su detención domiciliaria. PERFIL le consultó al gobernador Gerardo Morales sobre su postura al respecto, pero desde su entorno afirmaron que no podría por un viaje pautado a Abu Dhabi (Emiratos Arabes).