Proveedores recurrentes

El informe de Stolbizer resalta que en los contratos analizados “se repiten en muchos casos las mismas empresas que eran contratadas en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires” y que “los pliegos no ofrecen los detalles suficientes para poder individualizar con claridad y transparencia la necesidad de millonarias contrataciones de servicios de consultoría”. La ONG cree que en algunos casos “se estarían privatizando tareas que son propias del Estado, duplicándose los costos para la administración pública” y evaluarán “potenciales conflictos de intereses”. La contratación de consultoras privadas está reg u lada por ley. La norma exige cier tas características, como que las empre - sas tengan como “objeto exclusivo la prestación de servicios de consultoría”, que “las dos ter- ceras partes de los socios que integren las firmas consultoras sean profesionales universitarios”, y que esos títulos guarden relación con el objetivo social de la compañía. Los consultores y las firmas no deben tener relación de dependencia con ninguna entidad del Estado ni estar “vinculadas a las empresas que financien, ejecuten, provean o sean destinatarias del objeto de servicio”, aclara el informe.